Redacción

Toluca, Edomex. 17 de octubre de 2014.- Ocho policías, once médicos legistas y un ministerio público, quienes habrían perpetrado y tolerado actos de tortura en la incursión policiaca del 3 y 4 de mayo del 2006 en San Salvador Atenco fueron consignados y puestos a disposición de un juez penal del distrito judicial de Toluca para procesarlos.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de México informó esta noche que tras cumplimentar unas órdenes de aprehensión los 20 servidores públicos fueron recluidos en el penal estatal de Santiaguito, desde donde enfrentarán un juicio por tortura y encubrimiento.

Estas detenciones se dieron tras la consignación de un expediente iniciado hace ocho años por la Procuraduría mexiquense, por los abusos cometidos por policías durante el aseguramiento de más de 200 personas en San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo del  2006 y su posterior trasladado al penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez.

Tras ocho años, la mesa  especial de responsabilidades de la Procuraduría mexiquense pudo comprobar que, como una y otra vez lo denunciaron más de 41 mujeres, durante la detención y traslado de asegurados al penal de Santiaguito, se cometieron diversos abusos policiacos, que se configuran bajo el tipo penal de tortura.

“Ocho inculpados eran policías de la extinta Agencia de Seguridad Estatal que resguardaron a las personas que fueron trasladadas de San Salvador Atenco y de Texcoco al penal estatal de Almoloya los días 3 y 4 de mayo de 2006, y sobre los cuales existe la imputación, sujeta a comprobación, de que permitieron actos constitutivos de tortura sobre doce víctimas.

Once inculpados eran médicos legistas que revisaron a las mujeres que en ese momento estaban detenidas y que presuntamente conocieron de los actos de los policías y no los denunciaron formalmente.  Un inculpado se desempeñaba como agente del ministerio público que cuando llevó a cabo la investigación no indagó sobre la posible tortura”, detalla el comunicado de la procuraduría de justicia estatal.

Un juez penal de Toluca ya ha decretado la formal prisión en contra de los ocho policías por el delito de tortura y el fin de semana se definirá la situación jurídica de los médicos legistas y el ministerio público acusados de tortura equiparada y encubrimiento.