Redacción
Distrito Federal. 13 de enero de 2015.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó reclasificar el expediente del caso Tlatlaya al considerarla una Investigación de Violaciones Graves a Derechos Humanos, aun cuando ya se había emitido una Recomendación hacia las autoridades involucradas desde el año pasado.
A través de un comunicado de prensa, el organismo nacional informó que por instrucciones del ombudsman, Raúl González Pérez se notificó de dicha circunstancia a las víctimas, al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, al procurador General de la República, Jesús Murillo Karam y al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas con el fin de que tomen en cuenta este hecho en las acciones que implementen para dar cumplimiento a la Recomendación 51/2014.
La reclasificación corresponde a la llegada de González Pérez al frente de la CNDH, toda vez que la recomendación emitida anteriormente aún fue desarrollada por Raúl Plascencia en medio de la elección del ombudsman, y donde el entonces presidente del organismo defensor de los derechos humanos buscaba ser reelecto.
En el comunicado emitido por la CNDH se precisa que “desde que la CNDH conoció, por los medios de comunicación, de los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Cuadrilla Nueva, comunidad de San Pedro Limón, Municipio de Tlatlaya, Estado de México, conformó un equipo de trabajo que investigó el caso”.
Y añade que el 11 de julio se “inició de oficio el expediente CNDH/2/2014/5390/Q, que dio origen a la Recomendación 51/2014, emitida el 21 de octubre de 2014, y dirigida a las autoridades mencionadas, al acreditarse hechos violatorios consistentes en privación arbitraria de la vida, uso arbitrario de la fuerza, tortura y tratos inhumanos, así como actos violatorios de los derechos a la verdad y al acceso a la justicia”.
La reclasificación de la masacre en Tlatlaya podría derivar en nuevas recomendaciones a las autoridades involucradas, puesto que se ha podido acreditar que las fuerzas castrenses se excedieron en su actuación con el asesinato de 22 personas por su presunta pertenencia a grupos del crimen organizado, y donde personal de la Procuraduría General de Justicia de la entidad, colaboró en la alteración de la escena del crimen, lo que supondría encubrimiento a quienes desarrollaron las ejecuciones extrajudiciales.
