Redacción
Toluca, Edomex. 5 de noviembre del 2014.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) decidió liberar este miércoles a los ocho comuneros de San Francisco Xochicuautla, acusados del delito de oposición de obra pública, al impedir la construcción de la autopista Toluca- Naucalpan.
Sin embargo, no los exoneró de responsabilidad, pues los cinco hombres y tres mujeres detenidos el lunes por la policía estatal, deberán de regresar al ministerio público cuando los requiera, pues la carpeta de investigación está en fase de integración.
Alrededor de las 14:20 horas de este miércoles, los pobladores dejaron las galeras de la PJGEM y salieron para reunirse con sus parientes que los esperaban. Junto a ellos y activistas de derechos humanos y ambientalistas, se movilizaron hacia Palacio de Gobierno en Toluca para exigir al gobernador Eruviel Ávila, la cancelación definitiva de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.
Frente a las puertas de la sede del titular del Ejecutivo estatal, los pobladores de Xochicuautla reiteraron que la autopista que pretenden construir para unir el valle de México con el aeropuerto internacional de Toluca destruirá buena parte del área natural protegida Bosque de Agua y el bosque Ceremonial Otomí –Mexica donde se capta agua que luego se extrae de la batería de pozos del Lerma y es enviada al Distrito Federal.
En el templete, uno a uno pasaron Armando García Salazar, delegado de Xochicuautla, Venancio y Domingo Hernández Ramírez, Rosa Saavedra, Felipa Gutiérrez Petra, Mauricio y Francisca Reyes Flores y Jerónimo Martínez quienes estuvieron detenidos 48 horas, luego de que el lunes impidieron que maquinaria trabajará en predios de la comunidad abriendo camino para la autopista.
Los comuneros explicaron que cuentan con un amparo que les concedió la justicia federal en mayo pasado, donde un juez de distrito consideró que la asamblea comunal donde presuntamente se dio el aval de la autopista fue irregular y por tanto se tiene que reponer. Mientras la asamblea no sea repuesta, fijo el juez en la sentencia, no se podían realizar trabajos de construcción de la autopista y menos en los predios de la comunidad de Xochicuautla.
La empresa Autovan, subsidiaria de constructora Teya, concesionaria del proyecto carretero argumentó que cuenta con la autorización de la asamblea de bienes comunales de Xochicuautla realizada en mayo del 2013 y por eso, se trabaja en los predios acordados.
