Toluca, Edomex; 26 de mayo de 2020.- La actual emergencia sanitaria sólo ha venido a agudizar las muchas carencias institucionales del país. Entre los grupos más vulnerables, se han profundizado las brechas de desigualdad social ante el colapso de las actividades cotidianas. A dos meses de la jornada de sana distancia, las instituciones de gobierno del país, del estado y de los municipios debieran reflexionar sobre las carencias que padecen quienes menos tienen.

El mayor desafío lo ha enfrentado el sistema de salud pública. Ahí se han concentrado también los esfuerzos gubernamentales y grandes cantidades de presupuesto público para ocultar las limitaciones de los hospitales y centros de salud. Desde distintos frentes, se han dedicado a improvisar en pocos días, lo que han abandonado durante décadas, para dotar de equipamiento y personal médico. Lástima que debió ser a partir de una emergencia sanitaria mundial.

En materia laboral, las carencias son inocultables. La informalidad económica ha obligado a miles de mexiquenses a trabajar sin descanso a pesar de las recomendaciones de confinamiento. La precariedad laboral ha implicado que deban enfrentar la crisis mediante la reducción de su gasto familiar. Y finalmente, la más devastadora y todavía incuantificable, resulta la pérdida de empleos ante empresas que ya se han declarado en quiebra total.

En materia educativa, las cosas no son muy distintas. Miles de alumnos no han tenido la misma capacidad de adaptación para afrontar sus actividades escolares a través de plataformas digitales. Cientos de profesores no han tenido la destreza para afrontar los retos académicos. El sistema educativo tiene limitaciones tan profundas como el sistema hospitalario: falta de aulas, carencia de profesores, insuficiencia de mobiliario, y las brechas de desigualdad se vuelven más notorias en las zonas de mayor marginación.

En lo social, las perspectivas son lacerantes entre las clases populares. Los programas sociales no son solución para la pobreza alimentaria. Ahí, donde hay mayor pobreza se resiente el hacinamiento en las viviendas, y sus otras carencias estructurales. Es en esas regiones donde se agudiza la violencia intrafamiliar, la violencia de género y eventualmente las actividades delictivas. El marco institucional resulta insuficiente para atender a quienes menos tienen.

Los gobiernos locales también han quedado evidenciados en su restricción humana, presupuestal y material. Decenas de ayuntamientos se han limitado a sanitizar espacios públicos como medida de reacción. Apuestan a que los órdenes de gobierno superior (federal o estatal) les resuelvan sus tareas. Los ayuntamientos con mayor solvencia financiera, también tienen mayor capacidad de respuesta. Los habitantes de zonas urbanas tienen en consecuencia una alta probabilidad de aspirar a una mejor calidad de vida que en zonas rurales.

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