Redacción
Lerma, Edomex; 10 de mayo de 2020.- Ejidatarios de la comunidad de Salazar en el municipio de Lerma, Estado de México, acusaron a León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, de pretender extorsionarlos para tomar posesión de terrenos comunales a cambio de la libertad de ocho personas, quienes con posterioridad fueron catalogados como presos políticos por el gobierno de López Oobrador.
De acuerdo con una investigación de la organización Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se recabaron testimonios que señalan a Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett Díaz, sus abogados y otros compradores de predios, quienes en 2018 intentaron dirimir una controversia sobre tierras comunales en el Estado de México.
La hoja de cambio ofrecida por el hijo del director de CFE, aseguran esos testigos, era despojarlos de sus tierras a cambio de que los comuneros quedaran libres.
La investigación realizada por Galia García Palafox y Laura Sánchez Ley precisa que la disputa por las tierras en esta región empezó en los años setenta cuando la comunidad de Salazar y el Ejido San Mateo Atarasquillo iniciaron un proceso judicial agrario para dirimir a cuál de esas poblaciones corresponden 217 hectáreas.
Hace casi tres décadas, mientras los juicios estaban en marcha, el Ejido San Mateo Atarasquillo vendió tierras en disputa a particulares, entre ellos los empresarios Carlos Slim y Jaime Azcárraga, quienes de acuerdo con ARISTEGUI NOTICIAS han construido ranchos en la zona.
El reportaje de MCCI revela que entre 2013 y 2015 San Mateo vendió más predios en porciones pequeñas. Entre los compradores está el hijo del director de la CFE, el cual adquirió el 30 de marzo del año 2015 una hectárea de terreno.
“Nos citaron para llegar a un convenio que nosotros les firmáramos, pobladores de Salazar, las tierras que ellos habían comprado a cambio de que les daban la libertad a los presos que tenían allá en Almoloya de Juárez”, detalla uno de los cinco testimonios recabados por ambas periodistas en fecha reciente.
“Decían que, si les dábamos las tierras, si los dejábamos bardar nuestras tierras, él (Bartlett Álvarez) les daba la libertad. que porque él tenía contacto directo con la persona indicada, que tenía detenidas a las personas que estaban allá”.
Salazar, es una zona boscosa localizada a 20 kilómetros de Santa Fe en la Ciudad de México, cuyas tierras en disputa, entre las que compraron Bartlett y otros, están cultivadas o incluso hay casas de los comuneros.
“Hay tierras de cultivo. No hay forma de que esta gente no supiera (…) No, nadie los engañó, siempre han sabido qué tipo de tierras son”, dijo Esther Goujón, abogada del caso Salazar.
Hace casi cuatro años, en 2016 los representantes de Bartlett y otros compradores, encabezados por el abogado Mario Alberto de León Venegas, intentaron tomar posesión de las tierras. El resultado fue un enfrentamiento con los habitantes de Salazar.
Entonces, De León Venegas y sus acompañantes presentaron denuncias contra ocho habitantes de Salazar por una presunta privación ilegal de la libertad, lesiones y robo de un celular. Derivado de un operativo policíaco, la madrugada del 31 de agosto de 2017 ocho comuneros fueron detenidos con la participación de distintas corporaciones.
Desde ese momento, familiares de los detenidos buscaron formas de liberar a los comuneros, incluidas distintas reuniones con la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
En el sexenio peñista, los parientes de los encarcelados sostuvieron encuentros con el entonces subsecretario Roberto Campa Cifrián; y también con su sucesor Rafael Avante, en el último año del gobierno anterior. Incluso, Avante habría estado en alguna reunión con Bartlett.
Los testimonios recabados abundan que, entre las personas con las que se entrevistaron estaban el denunciante De León Venegas y algunos de los compradores de tierras a los que éste representaba.
Citados en el despacho de abogados Mendoza Morales, el 20 de febrero del 2018, se realizó una reunión donde estuvo León Manuel Bartlett, quien presumió que “con una llamada telefónica” sacaba a sus familiares de la cárcel a cambio de tomar posesión de 13 hectáreas compradas al Ejido San Mateo.
Bartlett Álvarez, dijo en esas reuniones, ser uno de los propietarios, además de representar los intereses de los propietarios de otra docena de hectáreas.
Sin embargo, es la fecha en que los comuneros no supieron quiénes eran esos otros supuestos propietarios porque nunca les han hecho públicos los nombres de tales compradores.
Otro abogado de los comuneros, Alexander Becerril, confirma el tono amenazante de Bartlett Álvarez.
“En esa ocasión ofrecían que ellos nos daban la solución del asunto en tres días, nos ofrecían 10 millones de pesos y liberar obviamente a los internos, porque dejáramos en paz el asunto ya, esa era su negociación. Que inmediatamente le comunicaban a la Fiscalía del Estado de México para que se hiciera el trámite”.
El relato periodístico añade que los comuneros rechazaron la propuesta más de una vez.
“La intención era presionar, inclusive (León) Manuel Bartlett hablaba con nosotros y decía ‘es que nosotros hicimos una inversión millonaria ahí, no lo vamos a perder’, es que nosotros no te vendimos, te vendieron unos sinvergüenzas (refiriéndose a los ejidatarios de San Mateo)”, refirió uno de los testimonios.
Las acusaciones hechas sobre los comuneros por los delitos de robo, lesiones y privación ilegal de tres personas se persiguen de oficio, por lo que retirar la denuncia contra los comuneros no habría resultado en su libertad. Sin embargo, Bartlett hablaba de tener contactos en el gobierno para que los ejidatarios quedaran libres.
Los acusados de Salazar estaban en la lista de presos políticos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un juez los absolvió por falta de elementos en mayo de 2019, un año nueve meses después de su detención.
El 5 de junio del 2019, acudieron a Palacio Nacional a la conferencia mañanera. López Obrador advirtió que hay casos como el de Salazar donde los delitos son fabricados.
