Redacción
Toluca, Edomex; 9 de abril de 2020.- Entre el 13 de marzo y el 6 de abril del presente año, en el Estado de México se perdieron 16 mil 36 empleos formales como consecuencia del cierre de empresas y de despidos registrados tras la emergencia sanitaria por el coronavirus.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal informó que, en el mismo periodo a nivel nacional, alrededor de 346 mil 878 fuentes de trabajo fueron dados de baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Tan sólo seis estados, Quintana Roo (63 mil 847); Ciudad de México (55 mil 591); Nuevo León (23 mil 465); Jalisco (21 mil 535); Estado de México (16 mil 36); y Tamaulipas (12 mil 652) representaron el 56 por ciento del total de separaciones laborales.
La estadística de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social detalló que algunas empresas dedicadas al ramo de la construcción, la transformación, el comercio y servicios para empresas sufrieron una destrucción total del empleo.
Entre las industrias mexiquenses se identifica una con razón social Juan José Martínez Hernández con 220 empleos; Enrique González Robles con 194 fuentes laborales; Yello Marketing Group con 191 contrataciones pérdidas; Dormo Shelter SA de CV con 155 empleos; además de Consord SA de CV con 850 fuentes de trabajo.
La dependencia federal advirtió que 216 mil 102 trabajadores que fueron separados en el país, ya no tienen accesos a servicios de salud del IMSS al no cumplir con el requisito de ocho semanas previas de cotización.
Además, la STPS precisó que la mayor cantidad de trabajadores despedidos están en las empresas con más de 50 trabajadores, y no en las micro y pequeñas empresas.
Asimismo, detalló que no existe justificación legal para separar a los trabajadores ante la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor derivada del COVID-19.
En el escenario de la pandemia, la Secretaría del Trabajo explicó que la falta de acceso a la seguridad social se vuelve especialmente crítico, dado que limitan la protección del trabajador y su núcleo familiar a sólo acceso a la salud, y presiona los servicios y presupuestos públicos de salud asignados a población abierta.
