Redacción
Ciudad de México. 10 de marzo del 2020.- El gobierno del Estado de México y al menos cinco municipios mexiquenses deben aclarar el destino de casi 18 mil millones de pesos de participaciones federales del ejercicio fiscal 2018, que no fueron solventadas durante las auditorías que practicó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En su tercer informe de resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública del 2018, la ASF también generó observaciones y pidió que se instrumenten procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria en contra de algunos servidores públicos mexiquenses, por el incorrecto uso de los recursos federales, sobre todo en los fondos educativos, donde se detectaron pagos indebidos a personas no reconocidas.
La observación más importante que generó la ASF al manejo de los recursos por parte del gobierno mexiquense se dio en el ramo 28, de las participaciones federales. Ahí, tras el proceso de fiscalización, la ASF determinó que el gobierno estatal aún tiene pendientes por aclarar el destino de 14 mil 917 millones de pesos, principalmente “por falta de documentación comprobatoria o justificativa del gasto ejercido con las participaciones federales a entidades federativas 2018”.
Este ejercicio fiscal corresponde al primer año de gobierno de Alfredo Del Mazo Maza, donde la ASF resolvió que el la administración estatal incurrió en “inobservancias a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, y el Reglamento del Libro Décimo segundo del Código Administrativo del Estado de México, lo que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 14 mil 917 millones 757 mil 600 pesos , que representa el 19.4% de la muestra auditada”
La ASF también destacó que en ese año, el gobierno del estado no disponía de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de las Participaciones Federales”, lo que incidió́ en las irregularidades determinadas en la auditoría.
En los procesos de fiscalización la ASF también vigiló la correcta aplicación de los recursos de las participaciones federales asignadas a 19 municipios mexiquenses.
Aunque en todos los casos, se hacen observaciones sobre los rubros de servicios personales y control internos que los ayuntamientos deberían mejorar, existen algunos casos donde las autoridades municipales del trienio pasado no alcanzaron a solventar las observaciones.
Por ejemplo, el anterior gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli tiene pendientes por aclarar 706 millones de pesos y a la ASF ha solicitado el inicio de dos procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de funcionarios de la pasada administración.
Ecatepec, que era gobernado por el priísta Indalecio Ríos, tiene pendientes por aclarar mil 629 millones de pesos y la ASF ha resuelto que esa administración municipal no hizo una gestión razonable de los recursos.
La administración 2015-2018 de Naucalpan que encabezó el panista Edgar Olvera, hoy diputado local, tiene pendiente por aclarar mil 463 millones de pesos, principalmente por no observar normas de control interno y de servicios personales.
En Tlalnepantla, a la pasada administración de Denisse Ugalde, hoy integrante del Comité Directivo Estatal del PRI, se le detectaron pagos por obra pública improcedentes por 3.5 millones de pesos y en Toluca, que era gobernada por Fernando Zamora falta comprobar el destino de 45 millones de pesos, pues no existe documentación que justifique ese gasto, por lo que ya se instruyó el inicio de tres procedimientos de responsabilidad administrativa.
Irregularidades en fondos educativos
En las tareas de fiscalización del gasto federalizado, la ASF detectó algunas irregularidades. Por ejemplo, en el Fondo de aportación a la nómina educativa, donde se asignaron más de 37 mil millones de pesos durante 2018, se encontró un pago de 240 mil pesos a un trabajador que no fue identificado por el responsables del centro de trabajo.
En el Fondo de Apoyo a Centros y Organizaciones de la Educación, al que se le asignaron más de 3 mil millones de pesos al estado de México, también se encontraron pagos por 418 mil pesos a trabajadores no identificados ni localizados en los centros de trabajo, además de que se transfirieron recursos por 9 millones 600 mil pesos a cuentas no autorizadas, sin acreditar su aplicación. Por este fondo, el gobierno mexiquense tiene pendiente por aclarar poco más de 10 millones de pesos.
De los recursos que se asignaron al Programa Escuelas de Tiempo Completo, la ASF también encontró pagos a 14 trabajadores no localizados ni identificados por un monto global de 284 mil pesos. Además falta evidencia documental de la entrega – recepción de material didáctico adquirido y de los servicios de capacitación y por la compra de vales de gasolina por más de 11 millones de pesos, que aún están pendientes de aclaración.
La ASF ha turnado a las autoridades mexiquenses las observaciones para su solvatación y los resultados de cada una de las auditorías practicadas al ejercicio del gasto federalizado asignado al gobierno de la entidad.
