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OFF THE RECORD

Toluca, Edomex; 29 de octubre de 2019.- Cuando falta un mes para cumplir un año del mandato de Andrés Manuel López Obrador, el supuesto pacto de impunidad entre el actual gobierno y el sexenio peñista parece resquebrajado. Emilio Lozoya y Romero Deschamps prófugos de la justicia; Juan Collado y Rosario Robles encarcelados; Eduardo Medina Mora defenestrado; y en la lista de espera las acusaciones alcanzan a Gerardo Ruiz Esparza. Y de ahí, la madeja podría desenmarañar a élites del poder político y económico.

La información más reciente, confirmada anoche en un canal de televisión, detalla que la Unidad de Inteligencia Financiera ya investiga al exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. No sólo eso, además, se habrían congelado cuentas bancarias relacionadas con la empresa Aléatica, antes conocida como OHL, constructora del Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Elevado Bicentenario durante la gubernatura peñista.

Andrés Manuel ha encontrado en sus adversarios políticos, no sólo una condición para responsabilizarlos de la condición lacerante del país, sino también un capital político para mantener sus niveles de aceptación. En promedio, cada dos meses el gobierno morenista ha lanzado anzuelos judiciales sobre personajes identificados como el círculo cercano del peñismo. La cacería apenas comienza, de ahí que muchos consideren que lo preferible, por ahora para los priístas, es mostrar institucionalidad, antes que una recia oposición.

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Los alcaldes que protagonizaron una protesta la semana pasada frente a Palacio Nacional para exigir mayores recursos presupuestales, ayer acusaron haber sido plantados por autoridades federales. Encabezados por el panista, Enrique Vargas del Villar, anunciaron que asumirán una postura más rígida y que emprenderán movilizaciones sociales para ser escuchados y atendidos por el gobierno federal.

Por la noche, funcionarios de la Secretaría de Gobernación acusaron de recibido, y excusaron que llegaron tarde a la reunión por un asunto de tránsito. En el Palacio de Covián ya sólo se encontraban tres presidentes municipales, todos del Estado de México. Se trataba del priísta Mauricio Osorio de Valle de Bravo; además de las morenistas de Tecámac, Mariela Gutiérrez; y de Tultitlán, Elena García. Y ahora, los de Morena resultarán los más beneficiados con la exigencia de panistas, perredistas y priístas. Nadie sabe para quién trabaja.

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Una vez que consiguió la firma de los dirigentes de los comités municipales, Alejandra del Moral autorizó publicar el manual de organización del proceso interno para renovar la presidencia priísta en los estrados digitales. Ahí se incluyen los líderes de 124 municipios con excepción de Naucalpan, donde ya ha transcurrido casi dos meses sin que exista solución a la joya de la corona.

A pesar de que ya concluyó el periodo estatutario de Alejandra del Moral y Nacho Beltrán el pasado domingo, hasta el momento no existe acuerdo partidista o comunicado oficial sobre quienes ocupan la presidencia interina. Y todo apunta que a nadie le toma interés al asunto porque sólo falta una semana para conocer la fórmula de unidad que se convertirá en la dirigencia de los próximos cuatro años… la cual estará conformada por Alejandra del Moral y Nacho Beltrán.

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