El INE, en el peor momento de su historia

José Woldenberg suele repetir que construir la credibilidad institucional cuesta mucho trabajo y tiempo, es una tarea delicada y constante. Por el contrario, destruirla es sencilla; es cuestión de una mala decisión que desemboca en nocivas percepciones de la sociedad. Eso ha venido sucediendo con el INE a raíz de aquella desafortunada decisión de Luis Carlos Ugalde, la noche de la jornada electoral de 2006, en la que el IFE fue rebasado por una atmósfera de encono político. Lo acontecido después, a lo largo de más de 10 años, ha ido cuesta abajo.

El proceso electoral de 2018 enfrenta el poco reconocimiento de los OPLE, y sobre todo, la credibilidad erosionada del actual consejero general del INE. El país lleva a cuestas el lastre histórico del fraude electoral y la corrupción política como una patología incurable. El fraude es un cáncer que contamina no sólo las instituciones electorales, sino que resta legitimidad a las diversas estructuras del Estado. El fraude es correlato de la corrupción de las élites políticas; es la metástasis que invade de los comicios.

Los pasados procesos electorales de Coahuila y Estado de México de 2017 exhibieron ante la opinión pública al consejo general del INE rebasado y desprovisto de voluntad política para salvaguardar la calidad de la democracia electoral. Y aún más, los consejeros generales se evidenciaron a salir a defender de manera rústica, en el espacio público, los procedimientos, las decisiones de las autoridades locales en la materia y los resultados electorales de dichas entidades. El manejo poselectoral del INE fue desastroso, carente de autocrítica, e incluso los consejeros electorales exhibieron soberbia. Tácitamente cuestionaron las opiniones y señalamientos que circularon en las redes sociales, refutaron las “realidades virtuales” o verdades alternativas, así como las críticas. Calificaron como infundados los diversos señalamientos que, desde diferentes sitios, cuestionaban el proceso y a las autoridades. ¿La crítica es un derecho o no? ¿Dónde queda la legitimidad ciudadana de la libre expresión? Los consejeros no supieron leer los humores y la indignación de un importante sector de la población.

El presidente del INE –Lorenzo Córdova- ha declarado que el gran reto para 2018 es recuperar la confianza en la institución. Es cierto, pero se queda muy corto porque el fondo no es un tema de percepción social ni mediática. El gran reto es combatir la corrupción electoral que sigue latente en los OPLE e incluso en el propio INE. La corrupción política como metástasis que contamina toda la atmósfera electoral. Sin demócratas, no hay democracia; sin lealtad de los contendientes y de los árbitros, la calidad de los procesos se convierte en tortuoso caminos donde la ley es violada sistemáticamente. Frente a imposiciones a rajatabla, está en juego la paz y la estabilidad social del México contemporáneo. Ojo, sin dramatismos, el riesgo del México bronco está latente.

La reforma electoral de 2014 ha fracasado; ha creado un llamado modelo híbrido entre los OPLE y el INE, lo que también se ha dado en llamar de manera pomposa un “federalismo electoral”. En realidad es un caos, sobre todo cuando se trata de asumir con claridad responsabilidades electorales. Hay una absurda triangulación de tareas, funciones y altos presupuestos entre los consejos locales y distritales del INE con las estructuras análogas de los OPLE. El llamado sistema nacional electoral ha mostrado que si a los OPLE les va mal en una elección, al INE le va peor. La responsabilidad política finalmente recae en el consejo general del INE.

Sin embargo, pese a lo anterior, persiste esa falla de origen, pecado original en la conformación de los consejos en las diversas entidades del país. Es cierto, la tarea ya no la realizan los gobernadores, sino son los consejeros del INE quienes eligen. No obstante, éste no ha sabido seleccionar con pertinencia. En este mismo libro, Karina Vaquera muestra que, a pesar de exámenes, ensayos y entrevistas, se continúa con la lógica política de reparto. Peor aún, se privilegia a una casta electoral que reproduce el mismo método de contrapesos partidarios. Es evidente que el empantanamiento y hasta retroceso en materia electoral. Aunque duela la involución y la regresión están latentes.

Ante la intervención del gobierno estatal y federal en el Estado de México, los árbitros fueron omisos y complacientes transgresores del principio electoral de la equidad y del espíritu de la autonomía. Ahora pagan con el descrédito el repliegue electoral que ellos mismos toleraron porque vulneraron el principio de la autoridad electoral, permitiendo el retorno de prácticas despreciables que se creían anacrónicas.

A partir del Estado de México, es el ganar a toda costa, y ganar no importa cómo. Surge como un relato siniestro que ensombrece el proceso electoral de 2018. Por ello, ahora los escenarios son diferentes y reina el imperio del poder cínico, la compra del voto vulnerable, del pobre, el derroche abierto de recursos públicos, la intervención subterránea del crimen organizado y la desesperante complacencia de las autoridades. Los casos de Coahuila y Estado de México nos han mostrado las miserias políticas y las complicidades del fuerte.

Los miles de millones de pesos que consumen las instancias electorales sirven de bastante poco. Desaniman el humor del ciudadano. Estructuras electorales gigantescas se vuelven pesadas maquinarias burocráticas autorreferenciales. El árbitro se convierte en un actor político hasta la estridencia. Se rompe el principio de que el mejor árbitro es aquél que no se ve. Salen a relucir los egos protagónicos de los consejeros que se sienten dioses electorales en la herradura olímpica de Tlalpan.

El expresidente del IFE Luis Carlos Ugalde -quien sabe bien del descrédito electoral- advirtió que la falta de credibilidad del INE ha propiciado que el órgano electoral pase por su peor momento en el entorno político del país. No sólo es la percepción de la opinión pública que muestra una desconfianza de más de 60% -según Parametría-, sino de importantes actores de la sociedad civil organizada. Distinguidos intelectuales como Sergio Aguayo, Denise Dresser y Javier Sicilia, por ejemplo, pidieron la destitución de los miembros del actual consejo general. Aguayo sentenció que el INE es un peligro para México. Exigieron nombrar nuevos consejeros de corte ciudadano, lo que daría una contundente señal de imparcialidad y autonomía a los principales actores en las próximas elecciones.

Ya es muy tarde, queda patente la insatisfacción. Queda ahí una espada de Damocles para la reforma que viene. Las posturas se han polarizado y exconsejeros del IFE como José Woldenberg, María Marván y Leonardo Valdés salieron a defender a los actuales consejeros, sentenciando: “El INE está obligado a escuchar la crítica, sí. Pero demandar la destitución del consejo general y acompañar esa consigna de calumnias envilece el debate público y, sobre todo, evita analizar de modo objetivo los procesos electorales del país”. Nos presentan a los consejeros como víctimas de los partidos políticos y damnificados de una engorrosa legislación. Salieron al paso de los fuertes cuestionamientos que han realizado también Cuauhtémoc Cárdenas, Alfredo Figueroa y Emilio Álvarez Ícaza sobre una notoria regresión del órgano electoral.

Frente a la atmósfera de encono, ha sido torpe la autodefensa que ha realizado el propio Lorenzo Córdova. En efecto, al inaugurar el foro Integridad Electoral en América Latina, organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el presidente del INE reprochó que “golpear al árbitro electoral como estrategia política debilita la democracia y abona el terreno para que regrese el autoritarismo”. Esta declaración pretendió responder los señalamientos de varios partidos, académicos, activistas y políticos que han acusado al INE de estar subordinado al PRI y de responder a intereses fácticos. Advertir que cuestionar al INE es dañar la democracia y, con ello, abrir paso al autoritarismo, parece una postura desmedida. Entonces, ¿debemos abstenernos de criticar al INE porque seremos responsable del advenimiento de una dictadura? ¿Los partidos deberán apoyar incondicionalmente al árbitro de lo contrario la democracia se desmoronará? ¿Por qué sólo desde afuera se quiere socavar la institución electoral? ¿Ha sido impecable la conducta del consejo general en los procesos electorales del 2017? La postura de Lorenzo Córdova se antoja desmedida y anticlimática. Se percibe desasosiego y, sobre todo, nula autocrítica.

Lorenzo Córdova reconoció en entrevista a Proceso que el INE debía “recuperar la credibilidad ciudadana y ganar la confianza de los votantes”. Hoy día, la crisis de confianza viene de una esperanza decepcionada. Ha tocado fondo la aceptación de instituciones del Estado, como la presidencial. Es grave el descrédito y la erosión de actores e instituciones de la clase política que acentúan el futuro incierto de un país lastimado, con las expectativas desencantadas en la vida cotidiana de los mexicanos.

Francis Fukuyama -en su libro Trust- la define así:

Confianza es la expectativa que surge en una comunidad de un comportamiento ordenado, honrado y de cooperación. Dicho comportamiento se basa en normas compartidas por todos los miembros que integran la comunidad. Estas normas pueden referirse a cuestiones de valor profundo, como la naturaleza de Dios o la justicia, pero engloban también a las normas deontológicas, como las profesionales y los códigos de comportamiento.

El autor reconoce que la confianza se basa en una presunción sobre la conducta futura del otro bajo la responsabilidad y la acción del gobierno.

El capital social -que es el tejido del sentido común de una sociedad, nos señala Fukuyama- nace a partir del predominio de la confianza. Esta confianza como lazo tácito facilita una economía fluida, fomenta la creatividad individual y justifica la acción colectiva. La confianza es la base sobre la que se construyen las relaciones entre el gobierno y la ciudadanía, pero cuando impera la desconfianza social se produce una ruptura entre el poder y los ciudadanos, e inexorablemente la gobernabilidad se atrofia.

Debemos distinguir los niveles cualitativos de las críticas. El segmento más cuestionado ha sido el consejo general. La estructura del INE, con todos sus vicios, ha recibido menos señalamientos. Los consejeros electorales, en cambio, han sido objeto de reproches severos. Mientras en los OPLE la mayor demanda es la despartidización, la exigencia al INE es la reciudadanización. Corre un grave riesgo de caer en la temida autorreferencialidad, la cual es palpable en el perfil de los consejeros ciudadanos en los órganos locales de toda la República. Exámenes muy especializados en la técnica electoral, ensayos y entrevistas sesgadas impiden el acceso a ciudadanos comunes. Se violan sus derechos. En cambio, el perfil que predomina son abogados que pertenecen a las diversas estructuras electorales, incluidos los tribunales. La experiencia tanto en la Iglesia católica como en las fuerzas armadas nos muestra que la autorreferencialidad las aleja del pulso, las necesidades y las expectativas de la sociedad real. Éste es el principal reclamo que hace el Papa Francisco a la propia Iglesia católica. El INE es presidido por Lorenzo Córdova, pero el poder lo detenta Marco Antonio Baños, quien es el principal operador del PRI en el instituto. Lorenzo reina, pero quien gobierna es Baños.

Elecciones 2018 y las reformas electorales que vienen

Pese al cúmulo de irregularidades electorales y los grandes recursos invertidos en la elección mexiquense, la alternancia estuvo a un paso. Los resultados mostraron las vulnerabilidades de un régimen que recurrió a todo para conservar el poder. La votación porcentual para Alfredo del Mazo retrocedió cerca de 50% respecto de la registrada en 2012 por Eruviel Ávila. Morena fue el partido que mayor votación tuvo. Alfredo del Mazo ganó en los pequeños remanentes que le aportan los partidos aliados de la coalición y el voto campesino, especialmente en las zonas más pobres y deprimidas del Estado de México. Delfina atrajo el voto urbano de las clases medias con mayor nivel de escolaridad. Mientras Del Mazo recibió el voto de personas mayores con baja escolaridad, de mujeres y votantes mayoritariamente campesinos. Con todo, el PRI recibió un tanque de oxígeno de cara al 2018.

La cuantiosa inversión política y económica para obtener un resultado favorable tuvo una costosa relación costo / beneficio sobre todo ante una candidata prácticamente desconocida en la entidad. Pese a sus limitaciones, fue creciendo al enfrentar a una maquinaria electoral robusta. La elección del 4 de junio en el Estado de México mostró la erosión del gobierno y del PRI.

El sistema electoral mexicano ha quedado severamente lesionado, otra gran lección de los comicios del Estado de México para 2018. Las autoridades electorales desdeñaron las señales del conflicto. Resultado exagerado afirmar que la tensión se deba a la alta competitividad lo apretado de los resultados, los consejeros del INE fueron indolentes al no advertir ni sancionar los excesos, la inequidad, los desacatos, los abusos, las arbitrariedades, los desvíos de recursos y los chantajes de los actores políticos, en especial del gobierno. El sistema electoral se queda corto ante la calificación de la elección. ¿Los ciudadanos debemos pedir cuentas a las autoridades electorales por los gastos cuantiosos e indebidos de los gobiernos? O ¿debemos exigir transparencia a los propios gobiernos? Las fiscalías, auditorías y mediciones no han logrado transparentar el dinero público y de los fondos subterráneos que ingresa en las contiendas. En los últimos procesos electorales, las fiscalizaciones han sido insuficientes.

La primera gran amenaza para los comicios de 2018 es la utilización de los programas sociales. A nadie conviene que el gobierno controle las votaciones por encima de las leyes electorales. Es un maltrato a la democracia. Es probable que la maquinaria gubernamental se comprometa con un partido y su candidato; es inaceptable que utilicen recursos públicos y privados para prevalecer en el poder. El gobierno que desacata las reglas electorales cimienta el encono y la antesala del autoritarismo. Es deplorable que las autoridades lleguen a utilizar la coerción de la fuerza policial y la manipulación presupuestal propia de gobiernos tiranos. La sociedad pierde, la libertad se debilita y el sistema social sufre insólitos casos de desviación.

A nivel electoral, más que pensar en nuevas funciones para los órganos responsables, hay que redimensionarlos. Despartidizar y reciudadanizar. Para el ciudadano común es difícil hacer una distinción entre las instituciones electorales: el desprestigio de una afecta a la otra. Por ello, Lorenzo Córdova –en entrevista con Ezra Shabot en Canal Once- decía que “si le va bien a los OPLE, le va mejor al INE”. No es el caso en el Estado de México, porque abundan las sospechas, los reproches y la desconfianza. Si bien para muchos la elección del Estado de México fue el inicio del fin de un largo monopolio de casi 90 años, para otros -como Mauricio Merino, exconsejero electoral del IFE- el actual modelo electoral se ha agotado, aquel que testificó la alternancia de 2000.

En ese sentido, el politólogo José Merino se pregunta:

La gran lección para 2018 desde la elección del Estado de México es el quiebre del sistema electoral mexicano, incapaz de prevenir, documentar y castigar excesos, irregularidades, desvíos, coerciones, y manipulaciones… antes de llegar a la urna. Y se queda uno con la pregunta atorada en la garganta: ¿habrá sistema electoral que lo logre? Creo sin duda que hay mejoras urgentes en términos de financiamiento, fiscalización y el proceso de calificación de las elecciones, pero creo también que hemos terminado por pedir a la regulación electoral cosas que corresponden a la regulación del ejercicio de gobierno. No hay sistema electoral que supla las necesidades básicas de transparencia y rendición de cuentas en el dinero público en manos de gobiernos municipales, estatales y federales. No hay sistema electoral que sustituya el mecanismo esencial de rendición de cuentas horizontal (i.e. medios, fiscalías, auditorías, órganos de control, oposición política), que implican saber, sí; pero también castigar. Si la elección del Estado de México se nos presenta como el proceso más burdamente sucio de los últimos años, es porque esos mecanismos simple y llanamente no existen efectivamente. Llevémonos esa lección para 2018.

¿Hasta dónde conviene que dos instancias –INE/OPLE- organicen y tutelen las elecciones? ¿El entorpecimiento INE/OPLE ha sido el mayor fracaso de la reforma de 2014? En los hechos, no ha habido una correcta coordinación entre el IEEM y el INE. No se trata de tareas, sino de responsabilidades. Por momentos, los consejeros generales del INE se lavan las manos; en otros, se sienten los dueños del balón. La reforma de 2014 ha construido un galimatías que no ha dejado claras las fronteras institucionales de rango, responsabilidad y hasta autoridad. En principio, el INE lleva mano, pero en otras ocasiones y cuando las circunstancias políticas lo ameritan, se reconoce la “autonomía” del OPLE. Por ello, se debe pensar de una vez por todas en una disyuntiva clave, no en un modelo electoral híbrido. O bien desaparecen los OPLE y el INE asume la totalidad de las elecciones, o bien desaparece el INE y se crea una federación de los OPLE autónomos que se coordinen cuando haya elecciones federales.

¿Cabría preguntarse si en términos operativos, políticos y económicos vale la pena tener dos institutos para operar una misma elección? Sobre todo, irritan los altos costos que ambas conllevan. Joaquín Rubio -vocal ejecutivo de la junta local del INE en Toluca-, en pleno desgaste poselectoral declaró: “Quién sabe quién compuso con el INE y el IEEM un Frankenstein electoral. Le dieron vida y lo mandaron a operar la elección de 2017… Hay muchos cuestionamientos sobre este modelo híbrido INE/IEEM. Que para muchos analistas y […] algunos consejeros locales no ha funcionado. Y sirvió para que algunas autoridades se echen la bolita sobre ciertas responsabilidades […] Yo creo que deben tomar determinación. Dos institutos electorales son muchos para una misma elección”.

Cada vez las elecciones son más cerradas, por lo que conviene abrirse a una segunda vuelta. Otro reto es el funcionamiento, hay que bajar el dinero público y canalizarlo a combatir urgencias como la pobreza. Hay que aligerar la normatividad que se ha convertido en un galimatías, es decir, desregularizar y simplificar las leyes y estructuras electorales. ¿Por qué no considerar el voto obligatorio como medida que contrarreste la compra y coacción del sufragio? Resulta ineludible reciudadanizar los órganos electorales para descolonizar la perversión de las cuotas partidarias en cada uno de los consejeros. La llamada “profesionalización” electoral de los consejeros es una apuesta autorreferencial que ha impulsado el consejero presidente Córdova y que está condenada al fracaso. Es necesario repensar lo electoral y evitar la caída drástica, que ahora parece un tobogán, de credibilidad y confianza en la democracia.

Capítulo del libro: El Infierno Electoral. El fraude del Estado de México y las próximas elecciones de 2018. Bernardo Barranco, coordinador. Ed. Grijalbo. Primera Edición. Ciudad de México, Febrero de 2018.