Por: Violeta Huerta

Las poblaciones indígenas de todo el país luchan diariamente contra la discriminación y la falta de oportunidades. En todos lados hay resistencias hasta para reconocerles derechos fundamentales.

El olvido, el abuso y la marginación han afectado a muchas etnias.  Pocas autoridades se han interesado por ayudarlos a mejorar sus niveles de vida, entre otras cosas, porque faltan verdaderos representantes que conozcan y atiendan sus problemas, y porque muchos aún los ven como botín político.

Justo ese reclamo ha llevado a esas comunidades, agrupadas en la gubernatura nacional indígena, a exigir el respeto a su derecho de votar y ser votados, y el de tener espacios de regidurías y diputaciones locales, que se elijan por usos y costumbres, con el objetivo de tener verdaderos representantes.

En 2015 se modificó la Constitución federal para reconocer ese derecho y se dio un plazo para que todas las Legislaturas adecuaran sus cartas magnas y otras normas, a fin de permitir a los indígenas participar y acceder a cargos de elección popular por sus normas; sin embargo los congresos incumplieron.

El gobernador nacional indígena, Hipólito Arriaga Ponte inició una lucha por la vía legal y promovió un amparo en el Estado de México -que en estos días fue resuelto por el juez tercero de distrito-, quien ordenó a la Legislatura mexiquense hacer ajustes a la Constitución, a la Ley Orgánica Municipal y al Código Electoral de la entidad para permitir a los indígenas acceder a cargos públicos y de elección popular, a través de sus prácticas tradicionales.

Adicionalmente, en 2015 hubo una reforma, impulsada por el PAN en el Estado de México, para garantizar la inclusión de los indígenas en los municipios, a través de un representante de cada etnia ante los cabildos que pudiera opinar en temas que afectaran a esas poblaciones; sin embargo, la resistencia de los municipios fue evidente, y hasta vergonzosa.

En el colmo, muchos argumentaron que no tenían población indígena; mientras en otros, de acuerdo con algunas quejas, ocurrió una simulación: los alcaldes en turno colocaron gente afín a ellos y a sus partidos, pero no a personas electas por las comunidades que representarían.

La comisión de Asuntos Indígenas de la Legislatura local tuvo que recurrir a un exhorto y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para que los municipios acataran esa norma. Hasta el año pasado, el reporte era que solo 30 de los 125 ayuntamientos lo habían hecho: es decir, uno de cada cuatro: un incumplimiento evidente que debe ser sancionado porque todos tienen población indígena originaria o migrante.

Ahora, la Legislatura ha anunciado que recurrirá ante un Tribunal de Circuito para impugnar el amparo ganado por el gobernador nacional indígena, y de ser necesario, lo llevará a la última instancia: la Suprema Corte; mientras las etnias ya han empezado a unirse para dar la lucha en el resto de las entidades, con el fin de obligar a todas las Legislaturas a modificar sus normas y así permitirles ocupar espacios a personas elegidas por usos y costumbres.

El tema dará todavía mucho de qué hablar, pero la decisión de la Legislatura de impugnar el juicio de garantías no es apoyada por todos los grupos parlamentarios, pues varios legisladores advierten que esa acción podría ser vista como un ataque, una muestra de intolerancia y hasta de discriminación hacías las etnias, o como falta de voluntad para reconocerlos. La lucha seguirá.

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¿Para qué ha servido la alerta de género? Organizaciones civiles alertaron hace unos días que en el Estado de México las violaciones han aumentado en el último año en un nueve por ciento. El dato no queda ahí: la mayoría de las víctimas son menores de edad: vidas destrozadas y crímenes impunes, frente a autoridades presumiendo que los índices delictivos bajan.

La realidad de los funcionarios y de la ciudadanía no es la misma: el mundo color de rosa que alardean se evapora y la gente está harta de la inseguridad y la violencia.

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Juan Zepeda es el candidato electo del PRD a la gubernatura mexiquense. ¿Cuántos se quedan y cuántos se van de ese partido? ¿De verdad van a cerrar filas? ¿Para qué le alcanza al sol azteca en la que parece ser la elección más competida en la entidad? ¿Morena le va a abrir la puerta a cualquiera?

El peor enemigo del PRD al parecer serán sus militantes resentidos y el famoso fuego amigo.