Ciudad de México. 31 de marzo de 2016, Estado de México. El juzgado sexto militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), dictó sentencia absolutoria a seis de los siete soldados implicados en la ejecución de 22 personas en una bodega ubicada en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014.

La sentencia absolutoria a favor de los elementos castrenses corresponde al delito de infracciones de deberes militares de quienes participaron en la matanza de 22 presuntos criminales en Tlatlaya.

Organizaciones defensoras de derechos humanos consideraron que las resoluciones del caso Tlatlaya hasta ahora son una razón suficiente para pensar que en este caso comienza a resaltar la impunidad. En tanto, otro elemento militar fue sentenciado solamente a un año de prisión por el ilícito de desobediencia, pena que el militar ya cumplió, por lo que ya se encuentra en libertad.

Diferentes centros defensores de derechos humanos, firmaron un comunicado en el que exigieron se haga justicia por estos crímenes.

Las ONGs pidieron que los mandos militares a cargo de emitir y supervisar la orden de abatir a los civiles fueran citados a declarar a fin de deslindar responsabilidades por cadena de mando. Sin embargo, la Procuraduría General de la República ha hecho caso omiso a tal petición, lo que para las organizaciones de derechos humanos representa eludir sus deberes y una  negativa en un ejercicio elemental de rendición de cuentas.