Toluca, Edomex. 31 de marzo de 2016.- El caso Tlatlaya resulta emblemático en lo que se denomina justicia selectiva. En octubre pasado, la Procuraduría General de Justicia Militar absolvió a siete militares de cualquier responsabilidad por la matanza de 22 civiles ocurrida el pasado 30 de marzo de 2014. Existe un grave riesgo de que prevalezca la impunidad, a pesar de las ejecuciones extrajudiciales de al menos 12 presuntos delincuentes, asesinados por las fuerzas castrenses.

Lo más grave es la opacidad con la que actúa el Ejército Mexicano, que hasta ayer reveló el resultado de la sentencia. No hubo una mínima intención por comunicar en su oportunidad el resultado del juicio castrense. La resolución fue dada a conocer dentro de un amparo promovido por una de las víctimas sobrevivientes. De los ocho militares involucrados, sólo uno fue sentenciado a un año de prisión por el delito de desobediencia en el fuero militar, quien incluyo ya cumplió con su condena y actualmente se encuentra en libertad.

En paralelo, tres militares enfrentan juicio en el fuero civil, acusados del delito de homicidio, pero no hay elementos para pensar que serán condenados. Aun cuando se ha caído la versión oficial de que se trató de un enfrentamiento entre criminales y militares, se advierte la imposición de una complicidad institucional entre el Ejército y la PGR, para proteger a las fuerzas castrenses. En el escenario tendencial, lo que está en juego es encontrar la justicia para las víctimas o toparse con la impunidad de quien ejerce el poder.

Resulta ridículo buscar soluciones a través de ofrecer dinero a las víctimas o sus familiares como parte de la reparación del daño. Con profunda insensibilidad buscan lo mismo en Tlatlaya que en Ayotzinapa. Lo cierto es que en ninguno de los casos podrán devolverles la vida a las víctimas, ni tampoco es un mecanismo para remendar la injusticia. Para la clase gobernante parece suficiente acallar con dinero sus deficiencias institucionales.

Nadie debiera olvidar que hace casi cuatro años, cuando recorría el país durante la campaña presidencial, el mexiquense Enrique Peña veía necesario y urgente regresar al Ejército a los cuarteles. A la distancia, las fuerzas armadas siguen en las calles, realizando tareas para las que no están capacitadas ni facultadas. El corolario a la vista es desolador, con militares que cometen asesinatos y la incapacidad por contener la presencia del crimen organizado. La propuesta de campaña no se ha cumplido y la impunidad prevalece en el tan defendido Estado de Derecho, que hoy parece una buena broma para legitimar a los poderosos.

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