Redacción
Toluca, Edomex. 11 de noviembre de 2014.- Aun cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al gobierno del Estado de México sobre presuntos abusos cometidos por personal de la Procuraduría de Justicia de la entidad por el caso Tlatlaya, el Ministerio Pública estatal inició desde antes una investigación de oficio para esclarecer dichos acontecimientos.
El procurador de justicia estatal, Alejandro Sánchez Gómez informó que todo el personal de la Procuraduría que participó en las primeras diligencias aquel 30 de junio, en la bodega de San Pedro Limón Tlatlaya, donde miembros del Ejército Mexicano abatieron a tiros a 22 presuntos delincuentes, está sujeto a investigación a efecto de deslindar responsabilidades.
Al ser cuestionado sobre las indagatorias que se realizan para cumplir la recomendación que emitió la CNDH el pasado 22 de octubre, Sánchez Gómez dijo que se investigarán todas y cada una de las conductas irregulares en que habría incurrido el personal de la Procuraduría General de Justicia del estado de México (PGJEM), que se señalan en el documento.
La recomendación de la CNDH especifica que se acreditó que personal de la procuraduría mexiquense incurrió en tortura, tratos inhumanos y agresiones sexuales a mujeres que estuvieron presentes en la bodega durante el momento de los hechos.
En los hechos se corroboró que hubo diversas irregularidades durante la integración de la carpeta de investigación, además de que se comprobó que los agentes ministeriales participaron y solaparon la alteración de la escena del crimen con la intención, de simular que las muertes habían ocurrido en un contexto de enfrentamiento.
“La investigación se inició antes de que se emitiera la recomendación, como quince días o tres semanas antes, al momento de que la Comisión de Derechos Humanos solicitó información a la procuraduría se supo de las imputaciones de estas mujeres contra personal de la dependencia y se abrió un expediente de oficio” dijo.
Sin precisar el número de personas que está sujeta a investigación, el procurador mexiquense dijo que primero el ministerio público deslindará responsabilidades y posteriormente se buscará fincar éstas al personal al que se acredite haber incurrido en ilícitos.
