Redacción

Toluca, Edomex. 5 de noviembre de 2014.- Este martes, los ocho comuneros de San Francisco Xochicuautla, del municipio de Lerma, escucharon las acusaciones que hizo la Secretaría de Seguridad Ciudadana en su contra, por el delito de   “oposición a la ejecución de obra o trabajos públicos”, y rindieron su declaración ante el ministerio público, sin ser asistidos por un traductor otomí, como lo solicitaron previamente.

El abogado de los comuneros dijo que al menos 5 de los 8 detenidos manejan de mejor manera la lengua otomí que el español, por lo que se hizo la solicitud de contar con un traductor, basado en un derecho constitucional.

Pese a la solicitud, los imputados no tuvieron respuesta y tuvieron que escuchar en español las acusaciones hecha por ocho policías estatales y que fueron ratificadas por personal de la empresa Autovan, subcontratista en la construcción de la carretera Naucalpan-Toluca.

“No es posible que siendo una de las procuradurías más grandes e importantes del país no cuenten siquiera con un traductor otomí, cuando en la región del valle de Toluca abunda gente originaria a esa etnia que sigue utilizando ese dialecto como su lengua principal, por encima del español. No darles esa posibilidad consagrada por la Constitución representa una grave violación a sus derechos humanos y es causa suficiente como para dejarlos en libertad”, explicó el abogado Antonio Lara Duque.

A decir del defensor, el delito que se les imputa no es considerado como grave por el código penal mexiquense, por lo que seguramente este miércoles, cuando se vence el plazo de 48 horas, podrían quedar en libertad, “si es que no existe una acusación de último momento”, aclaró.

Los ocho pobladores detenidos, cinco hombres y tres mujeres fueron asegurados el mediodía del lunes en el paraje de Buenavista en Xochicuautla, cuando exigían a trabajadores de la constructora Autovan salir de sus predios y dejar de trabajar en los mismos, pues cuentan con un amparo que les concedió en mayo la justicia federal.

Y es que un juzgado de distrito en materia civil y de amparo resolvió el 14 de mayo que la asamblea comunal de Xochicuautla de mayo del 2013, donde presuntamente la comunidad resolvió darle el aval al gobierno para que construyera la autopista sobre sus tierras, es ilegal, por lo que debe de ser respuesta esta asamblea.

“La empresa no puede trabajar en estos terrenos de Xochicuautla, porque no existe el aval dela comunidad. El juzgado resolvió que la asamblea fue irregular y se debe de reponer y hasta entonces no haya  asamblea y se resuelva dar consentimiento para la construcción de la carretera, no se puede trabajar, pues no existe autorización que justifique legalmente la ocupación de predios”, explicó Lara Duque.

El abogado mostró ante el ministerio público las copias certificadas del amparo y la ejecutoria que realizó un tribunal agrario, donde se pide a la empresa que no realice trabajos en Xochicuautla hasta no tener una autorización de la comunidad.

“Esperamos que estos sean elementos suficientes para que los dejen en libertad, porque de verdad no existe razón alguna para tenerlos encarcelados desde el lunes”, dijo Lara Duque.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de México tiene hasta el mediodía de este miércoles para definir la situación jurídica de los ocho comuneros de San Francisco Xochicuautla, del municipio de Lerma, que ayer fueron detenidos por efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por oponerse a que continuaran los trabajos de construcción de la autopista Naucalpan-Toluca, sobre sus tierras.

De acuerdo Antonio Lara Duque el abogado de las ocho personas detenidas, ocho policías estatales imputaron a los vecinos de Xochicuautla el delito de “oposición a la ejecución de obra o trabajos públicos”, el cual es considerado por el Código Penal mexiquense como no grave, por lo que de no haber alguna otra imputación de último momento, los asegurados podrían quedar en libertad este miércoles.

Lara Duque expuso, sin embargo, que varios de sus clientes quedaron en estado de indefensión durante su estancia en el ministerio público pues se les negó el derecho constitucional de ser asistidos por un traductor de dialecto otomí, pues al menos cinco de los ocho detenidos, manejan mejor esta lengua que el castellano.

Desde que fueron detenidos y remitidos al ministerio público, el abogado solicitó formalmente a la Procuraduría mexiquense un traductor otomí que explicara en ese dialecto a sus clientes las acusaciones hechas por los policías que los detuvieron y que fueron ratificadas por la empresa Autovan, subcontratista en la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.

La solicitud fue hecha desde temprana hora, pero hasta las 21 horas de este martes, tres horas después  de que sus clientes comenzaran a rendir su declaración ministerial, no había en el lugar el traductor solicitado, violando así “un derecho consagrado en la constitución”.

El abogado Lara Duque se quejó también de que al  momento de la detención, los policías maltrataron y golpearon a tres adultos mayores que fueron asegurados en el  paraje Buenavista  

En una entrevista colectiva al exterior de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, Lara Duque reiteró que la detención fue arbitraria e ilegal, pues los pobladores cuentan con un amparo que impide que se realicen trabajos de construcción de la autopista  Naucalpan-Toluca en tierras de Xochicuautla, hasta en tanto la asamblea comunal reponga una asamblea y se dé el aval a la obra.

La empresa Autovan, filial de Teya, concesionaria de la autopista, argumentó que en 2013 la asamblea comunal ya dio su autorización para la edificación de la pista, pero los comuneros lograron en mayo pasado que un juzgado de distrito les diera un amparo, pues consideró que esa asamblea fue irregular, por lo cual se tiene que reponer.

Ayer, medio centenar de pobladores de Xochicuautla subió al paraje Buenavista en la sierra que separa al valle de Toluca con la Marquesa, al percatarse que había maquinaria trabajando derribando árboles y abriendo camino para la autopista, y exigieron a los empleados de Autovan que salieran de sus terrenos pues estaban impedidos legalmente para trabajar ahí.

Los empleados eran resguardados por policías antimotines, quienes terminaron por detener a ocho campesinos, cuando estos se apostaron frente a un trascabo.

Dentro de los detenidos existen tres adultos mayores, comentó Lara Duque,  quienes fueron maltratados al momento de su captura, y uno de ellos de 75 años, presenta una lesión en el ojo izquierdo. Los otros son mujeres de 60 y 65 años de edad, respectivamente.

El abogado comentó que en punto de las 18:00 horas de este martes, los ocho inculpados iniciarán a rendir su declaración ministerial, pues desde ayer por la tarde cuando fueron puestos a disposición del ministerio público, testificaron los ocho policías que los acusan y por la mañana de hoy personal de la constructora Autovan, reforzó la acusación en contra de los comuneros.

“No hemos tenido oportunidad de expresar nuestros alegatos, pero en cuento lo hagamos vamos a mostrar los amparos que concedió la justicia federal a varios comuneros de Xochicuautla, para que no hubiera trabajos de la autopista Toluca-Naucalpan en los terrenos de la localidad, hasta en tanto, no exista una nueva asamblea y se determine si se da o no el aval a la empresa para afectar sus terrenos con esta vialidad”, dijo.

Lara Duque recalcó que como cinco de sus clientes manejan mejor la lengua otomí que el español, se exigirá que cuenten con traductor durante la diligencia ministerial a efecto de que puedan entender a bien de qué se les acusa y por qué.