Toluca, Edomex. 9 de octubre de 2014.- El gobierno de Enrique Peña Nieto transita por la más honda crisis política de su mandato, por las masacres ocurridas en Iguala –con la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Atyozinapa-, y en Tlatlaya –con el fusilamiento de 22 presuntos criminales a manos del Ejército-. La indignación social ha alcanzado un eco internacional indeseable para una gestión que se había propuesto cambiarle el rostro sangriento al país que heredó del panista Felipe Calderón.

Por más que el tema de la violencia se pretendió invisibilizar de la escena mediática, está claro que la realidad ha topado de frente a las autoridades federales. La criminalidad que sufre el país no ha tenido un mínimo de reducción, mientras que las cifras de asesinatos, secuestros y ejecuciones muestran una curva ascendente de 2006 a la fecha, sin tope ni límites. El Estado de México en particular, ha sufrido una escalada en las ejecuciones vinculadas con el crimen organizado y obligado a enfrentar una estrategia de seguridad especial.

Hasta ahora, ninguna autoridad se ha querido hacer responsable de la cruenta violencia que ya marcó la primera mitad del mandato peñista. El Estado de México no puede permanecer ni ajeno ni omiso, en tanto que Tlatlaya mantiene aún el expediente abierto para resolver qué ocurrió y quiénes fueron responsables, de una violación a los derechos humanos y un exceso del uso de la fuerza por parte de los militares. El gobernador Eruviel Ávila también ha quedado marcado por su respaldo inmediato a una acción que hoy se vuelve reprobable.

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A propósito de lo sucedido en Iguala, que ha puesto al descubierto el vínculo de las autoridades municipales con grupos del crimen organizado, y que derivó en la desaparición y matanza de estudiantes de Atyozinapa, uno de los grandes desafíos para los órganos electorales es afinar sus procesos de fiscalización para evitar que dinero proveniente del narcotráfico se destine al financiamiento de campañas electorales. Los comicios intermedios del año entrante son una prueba de fuego.

El sur mexiquense es una región de amplia vulnerabilidad dada su colindancia con los estados de Guerrero y Michoacán. La presencia de células del crimen organizado es innegable desde hace al menos una década. La infiltración del narco en cuerpos de seguridad se ha evidenciado en múltiples ocasiones. El riesgo se extiende frente a la posibilidad de que sean los grupos criminales quienes incidan en la imposición de candidatos a distintos cargos de elección popular. Los partidos políticos tienen frente a sí, el reto para seleccionar a sus candidatos fuera de presiones y con la garantía de la probidad de sus abanderados.

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Para quienes buscan leer señales políticas, no puede pasar desapercibido el evento realizado ayer en el Teatro Morelos. El emblemático inmueble de la capital mexiquense será remodelado, y en cuyo anuncio, Eruviel mostró su carta fuerte en la figura de Raymundo Martínez. El secretario de Educación, ya lo adelantamos, no buscará ser alcalde de Toluca, pero sí contenderá por una diputación local. Del otro lado, se vio muy activo a Alberto Curi que ya parece el candidato natural por la alcaldía.

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