Redacción

Distrito Federal. 1 de octubre de 2014.- El procurador General de la República, Jesús Murillo Karam admitió este martes que algunos efectivos del Ejército Mexicano incurrieron en excesos durante la acción del pasado 30 de junio cuando abatieron a tiros a 22 presuntos delincuentes en una bodega de San Pedro Limón del municipio mexiquense de Tlatlaya, por lo que al menos tres soldados enfrentarán imputaciones por el delito de homicidio calificado.

De su lado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que el juez sexto penal de justicia militar encontró elementos suficientes para procesar por desobediencia e infracción de deberes a ocho soldados que participaron en aquel operativo.

Estos militares se encuentran detenidos y privados de su libertad en la prisión del campo militar número 1, y ahí permanecerán hasta que termine su juicio por la vía militar.

En conferencia de prensa, el procurador Jesús Murillo Karam indicó que con las investigaciones que realizó la dependencia -a raíz de que se puso en duda la versión oficial de que estas 22 personas habían sido abatidas en un enfrentamiento-, se pudo constatar inconsistencias en la actuación del personal militar que participó en ese operativo, lo que se tradujo en el incumplimiento de algunos protocolos militares y civiles.

El procurador refirió que se ha comprobado que en un primer momento sí hubo un enfrentamiento entre los soldados y los presuntos delincuentes que se encontraban atrincherados en la bodega de San Pedro Limón, pero aclaró  que éste duró apenas diez minutos y no dos horas como lo refirieron los efectivos del Ejército aquel 30 de junio.

Al cesar los disparos, explicó, tres soldados ingresaron a la bodega, mientras el teniente se quedó afuera asistiendo a un efectivo lesionado. Estando adentro, se produjo “una nueva secuencia de disparos que no tenían justificación alguna, por lo que se determinó acusar a estos efectivos por homicidio calificado”.

Al ser inquirido por los reporteros sobre si esto significa que los soldados literalmente ejecutaron a los presuntos delincuentes que ya se habían rendido, Murillo contestó: “En este momento, no puedo responder esta pregunta”.

En días pasados organismos internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rigths Watch habían demandado al gobierno de la república una investigación profunda sobre los hechos, pues investigaciones periodísticas habrían puesto al descubierto que los militares pudieron haber incurrido en una ejecución sumaria, ya que testigos presenciales de los hechos han sostenido que varios jóvenes abatidos fueron asesinados por soldados cuando ya estaban detenidos y se habían rendido.