Redacción
Distrito Federal. 30 de septiembre de 2014.- Este martes se cumplen tres meses de la masacre de 22 personas en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya a manos de soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional. A noventa días de los acontecimientos siguen prevaleciendo las dudas de lo que realmente aconteció y por ello la exigencia para esclarecer lo ocurrido sigue en aumento tanto al interior del país como en el extranjero.
Este lunes, dos de los organismos más respetados en el ámbito internacional se sumaron a las voces que demandan una investigación profunda, transparente y clara para llegar al fondo del asunto y señalaron que este episodio que ha marcado ya el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, y el actuar del Ejército Mexicano no puede quedar impune, por el gravísimo mensaje que se estaría dando.
Ayer, Christof Heyns, relator de las Naciones Unidas expresó a través de un comunicado que se imprescindible indagar a fondo para determinar si hubo o no “ejecuciones sumarias” en Tlatlaya el pasado 30 de junio, como lo han sugerido varios medios de comunicaciones a través de investigaciones periodísticas que evidencian abusos del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El relator de la ONU celebró la detención que realizó la Sedena de ocho soldados que formaron parte del regimiento que detectó esta bodega en la localidad de Ancon de los Curiales el pasado 30 de junio, por desacato e indisciplina militar y espera que su aprehensión ayude a revelar las cosas que sucedieron esa madrugada.
También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que encabeza el mexicano, Emilio Álvarez de Icaza se pronunció por que el estado emprenda una investigación seria profesional y transparente que ayude a conocer qué pasó en Tlatlaya.
Celebró que el gobierno mexicano esté tratando de responder a las exigencias de organismos internacionales y dijo que el hecho de que ya se investigue una posible ejecución extrajudicial, habla de un compromiso con el Estado de Derecho.
“El sólo hecho que se esté dando esta discusión de un escenario de posible ejecución extrajudicial o de ajusticiamiento es de la mayor gravedad, y es extraordinariamente importante que el Estado Mexicano mande un mensaje poderoso de investigación de justicia».
Icaza lamentó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos que encabeza Raúl Plascencia haya sido displicente para atender la exigencia de investigación y recriminó a este órgano de haber quedado inmóvil, cuando los medios mostraron mayor interés en conocer qué había sido realmente lo que aconteció.
Por su parte senadores del PRD como Alejandro Encinas y Dolores Padierna se pronunciaron ayer porque sea en el ámbito civil donde se investigue y sancione a los responsable de los abusos, si es que se confirman y no dejen esta tarea únicamente al ámbito castrense, pues también se estaría generando impunidad.
