Redacción

La LVIII Legislatura mexiquense recibió la iniciativa del gobernador, Eruviel Ávila Villegas, para tipificar como delito la introducción y tráfico de teléfonos celulares, sistemas de comunicación electrónica o radiocomunicación, dinero, drogas o enervantes, armas, o cualquier objeto o sustancia prohibida en los centros de readaptación social de la entidad.

La propuesta del gobernador, presentada en tribuna por la legisladora Annel Flores Gutiérrez (PAN), contempla castigar el tráfico e introducción ilegal de teléfonos celulares, sistemas de comunicación electrónica o radiocomunicación, dinero, drogas o enervantes, armas, o cualquier objeto o sustancia prohibida a las prisiones estatales con penas de cárcel de seis a 10 años de prisión, y de cien a doscientos días multa, sin perjuicio de las penas que les correspondan por los delitos que cometan.

Dicha iniciativa fue turnada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia.

Establece que “la realidad que impera en el interior de las instituciones penitenciarias del país es alarmante, pues los internos tienen acceso a estos implementos, que en la mayoría de los casos, son empleados para la comisión de delitos”, y que “dicha conducta se presenta sin duda alguna con la complicidad de autoridades”, por lo que es justificado combatir las conductas mencionadas.

Se propone adicionar un supuesto en el que de manera general se contemple una sanción para cualquier persona que ingrese cualquier objeto prohibido, así como también para los servidores públicos que realicen dicha conducta.

En sesión del Quinto Periodo Ordinario presidida por el diputado Armando Portuguez Fuentes (PRD), el Pleno legislativo recibió también el Informe Anual de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Previamente, la legisladora Dora Elena Real Salinas dio lectura al documento del presidente de la Codhem, Marco Antonio Morales Gómez, con el que informó de su remisión a los tres poderes, y mediante el cual extendió a la LVIII Legislatura un amplio reconocimiento por su apoyo a las tareas de protección de los derechos humanos en la entidad.