Redacción
La senadora priísta por el Estado de México, Ana Lilia Herrera Alzaldo cumplió su compromiso con la Universidad Autónoma del estado de México (UAEM). Durante un año cabildeó, negoció y convenció, con apoyo de investigadores y académicos, a sus compañeros de la Cámara Alta para que aprobaran reformas a diversas disposiciones para avalar el Acceso Abierto al conocimiento científico.
Las modificaciones legales permitirán que todo el conocimiento científico que se realice con recursos públicos esté al alcance de todos y de manera gratuita, a través de diversas plataformas de internet.
Además se faculta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a crear un repositorio nacional, donde se concentren todas estas investigaciones para que cualquiera que lo desee pueda tener acceso a ellas.
Con 74 votos a favor, los senadores respaldaron las modificaciones a la Ley General de Educación, a la de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del Conacyt.
La iniciativa de acceso abierto nació hace años en la Organización de Naciones Unidas, y en 2012 fue retomada por Redalyc (la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, dependiente de la UAEM) donde impulsaron la elaboración de este documento que finalmente fue aprobado por los senadores.
Con el aval unánime de los senadores se fijó en ley el principio legal de la difusión de información científica, académica, de investigación e innovación, mediante el uso de plataformas cibernéticas. Además se estableció que en la Ley de Ciencia y Tecnología queden inscritos los conceptos de “Acceso Abierto” y “Acceso a recursos de Información Científica y Tecnológica de Calidad”.
“El Acceso Abierto será el acceso a una plataforma digital y sin requerimientos de suscripción, pago o registro al material que ahí se difunda, incluyendo publicaciones reconocidas por el sector de la ciencia, tesis, revistas científicas y tecnológicas, protocolos, memorias de congresos y patentes, sin perjuicio de los derechos de propiedad intelectual”.
Con las reformas el Conacyt está obligado a evaluar los contenidos que se publiquen en el Repositorio, a partir de la premisa de reglamentar sin restringir el conocimiento. Además, deberá emitir lineamientos y criterios generales para el funcionamiento, coordinación y evaluación de la información de los repositorios.
