En el Estado de México hay más riesgo de morir víctima por la violencia que de la antes atemorizante influenza que obligó a una emergencia sanitaria en 2009. Las cifras escalofriantes de 131 muertes producto de disputas del crimen organizado parecen quedar cortas con la realidad. Algunos asesinatos podrían no estar siendo registrados en los medios informativos, pero denunciados en redes sociales como parte de la preocupante realidad que vive el estado.

En otros casos, nada aislados por cierto, como en el municipio de Tlalnepantla, se habrían registrado en los últimos días balaceras a plena luz del día. Y aunque no se reportaron víctimas mortales, la sociedad civil está expuesta, asolada e impotente frente a autoridades estatales y municipales que creen todo se resuelve con más armas, más policías y soldados. La violencia genera más violencia, pero queda claro que nadie experimenta en cabeza ajena.

Los alcaldes mexiquenses, principalmente los del Valle de México, están jugando con fuego al minimizar los crímenes que azotan sus territorios. La negación de la realidad no resuelve el problema, ni tampoco produce que la gente se sienta más segura. Las medidas de seguridad pública y prevención del delito hasta ahora adoptadas simplemente han fracasado. No hay siquiera en algunas zonas un diagnóstico apto para afrontar a la delincuencia organizada.

Ahí está el caso de David Sánchez Isidoro, alcalde de Coacalco, quien presume que en su localidad no se han registrado ejecuciones. Miente, y los registros periodísticos lo evidencian. El pasado 10 de enero, en un viernes rojo para la entidad, se reportaron tres homicidios en calles de Coacalco. El famoso “Payo” afecto por promocionarse en la radio comercial de música pop en el Distrito Federal, busca con discursos esconder lo que ya fue noticia.

No fue gratuito, ni fortuito, el hostil recibimiento a Miguel Ángel Contreras Nieto y Rocío Alonso Ríos por parte de vecinos de Satélite en Naucalpan. Las funciones del Estado no operan como debieran. Cada vez más en zonas residenciales y populares, se amplía la instalación de alarmas vecinales y la contratación de seguridad privada frente a la incapacidad de la autoridad por otorgar garantías a la integridad y el patrimonio de sus habitantes. Es muy grave el problema.

Contreras Nieto y Alonso Ríos se equivocan al pensar que los cambios institucionales se darán con trabajo de escritorio. Las corporaciones policíacas, sean preventivas o ministeriales, adolecen de prácticas y vicios que las tienen en la imposibilidad para desarrollar sus tareas. Los funcionarios encargados de la seguridad plantean simples maquillajes, y los resultados están a la vista.