Si algo caracteriza a la política, y muy particularmente a los políticos del Estado de México es la simulación. El pasado lunes, el Consejo de Valoración Salarial, que depende de la Legislatura Local, emitió sus recomendaciones que contemplan tabulaciones y límites salariales para los 125 alcaldes del Estado de México, que no son vinculatorias y por tanto pueden no ser atendidas por las autoridades municipales, en defensa del Artículo 115 Constitucional.

Lo que resulta una burla, es que muchos alcaldes dicen respetar el tabulador salarial, sin embargo, siguen sin cumplir el mandato de transparentar todos sus ingresos, hay demasiada discrecionalidad en la publicidad del gasto público, y encuentran resquicios para incrementar sus ingresos personales. Mientras publican salarios acordes a las sugerencias emitidas, la mayoría de los Ayuntamientos hacen trampa para que los miembros del cabildo tengan más ingresos, vía compensaciones, bonos y gratificaciones. Una ofensa.

Muchas recomendaciones parecieran onerosas para los niveles de deuda pública y de engrosamiento en el pago de las nóminas de algunos municipios. Simplemente no hay sentido del ahorro, ni de contención del gasto corriente. Por ejemplo, el alcalde con mayor posibilidad de ingresos sigue siendo Ecatepec, el más poblado del país y tierra natal de Eruviel, cuyo presidente municipal tiene un tope salarial recomendado por 142 mil pesos mensuales.

En general, los municipios más urbanizados y poblados están en posibilidad de pagar mejor a sus alcaldes. Una lista de ocho Ayuntamientos, donde se integran Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Atizapán de Zaragoza, alcanza ponderaciones salariales por 110 mil pesos para los Presidentes Municipales de tales demarcaciones.

Otros once municipios, pueden pagar hasta 80 mil pesos mensuales a sus respectivos alcaldes. Un listado de 55 alcaldes tienen recomendado ganar hasta 70 mil, y un restante grupo de 50 alcaldes, los más rurales y menormente habitados, pueden alcanzar salarios de hasta 59 mil pesos.

Lo deseable, insistimos, sería que se respetaran, que no se encontrarán mecanismos discrecionales de rebasar lo recomendado y lo posible. Interesante sería avanzar en materia de transparencia, y sancionar al incumplimiento y la opacidad, para hacer del acceso a la información pública más que una obligación, una responsabilidad de las autoridades electas.