Redacción

Los diputados del Estado de México aprobaron reformas al Código Penal de la entidad para aumentar de cuatro a ocho las causales para que un asesinato de una mujer sea considerado como feminicidio y se obligue a las autoridades a investigar y atender el caso de manera específica bajo los protocolos establecidos para esclarecer estas muertes.

Por unanimidad, los legisladores aprobaron los ajustes al artículo 242 propuestos por el gobernador y enriquecidos por los grupos parlamentarios del PAN y del PRD.

Con las reformas aprobadas, el feminicidio es reconocido como un delito propio y no como una derivación de un homicidio doloso como se le consideraba hasta ahora. Los diputados crearon un capítulo en el Código Penal para explicar bajo qué condicionantes el asesinato de una mujer es un feminicidio.

A partir de la promulgación de la reforma el feminicidio se considerará como tal cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público; a la víctima se le hayan infringido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida y existan antecedentes o de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral del sujeto activo en contra de la víctima.

También se considera como feminicidio el asesinato perpetrado por una persona que haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza con la víctima; cuando existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo contra la víctima; que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida; o bien como resultado de la violencia de género, pudiendo ser el sujeto activo de la persona conocida o desconocida y sin ningún tipo de razón.

Los diputados no modificaron las penalidades para este delito que se castigan con pena carcelaria de cuarenta a setenta años o prisión vitalicia y de 700 a mil días multa.

Desde hace dos años, diversos organismos ciudadanos habían pugnado por la recategorización del delito de feminicidio en la entidad, debido a que muchos casos no eran catalogados como feminicidios y no se aplicaban los protocolos específicos para una buena investigación.