Redacción

El pleno del Congreso del estado de México aprobó tipificar las llamadas  falsas  a los cuerpos de emergencia, como un delito, por lo que ahora cualquier joven que incurra en esta conducta se podrá hacer acreedor a prisión de tres meses a un año, si es su primera vez, y hasta cinco años de cárcel en caso de reincidencia, además de pagar una elevada multa.

Los diputados avalaron la iniciativa que turnó el gobernador Eruviel Ávila, para castigar estas conductas que “por broma” hacen jóvenes e incluso niños, donde alertan a los cuerpos de emergencia con situaciones  que no existen.

Se tiene estimado que en el Estado de México cada año se hacen entre 500 mil y 800 mil llamadas falsas al 066, para pedir la ayuda a bomberos o  la policía, por presuntas emergencias.

Un estudio elaborado por la Cruz Roja advierte que cada una de las movilizaciones de los cuerpos de emergencia pueden costar de mil 500 pesos hasta 20 mil, dependiendo de la cantidad de unidades que se movilicen para atender una contingencia que se denuncia vía telefónica.

Las reformas al Código Penal que fueron avaladas por todos los grupos parlamentarios fijaron penas de tres meses a un año de cárcel y de 10 a 50 días multa, es decir, de 640 a tres mil 200 pesos, cuando se incurra en esta conducta por primera vez.

En caso de reincidencia, se impondrán de dos a tres años de prisión y de 200 a 500 días multa, lo que significa 12 mil 800 pesos a 32 mil pesos.

En la exposición de motivos se justificó que las reformas van encaminadas a inhibir la comisión de estas conductas que en su gran mayoría son cometidas por adolescentes en temporada de vacaciones, pues se tiene registro que estas llamadas de broma se incrementan hasta 300 por ciento cuando no hay clases.

La reforma al Código Penal denominado “Uso indebido de los sistemas de emergencia”, encuadra como tipo penal “el uso de los medios de comunicación, como teléfono, radio, celular, internet o cualquier otro, para dar avisos falsos a las autoridades, provocando la movilización o presencia de personal de emergencia, protección civil, bomberos o elementos de las corporaciones de seguridad pública”.

La iniciativa también establece que las autoridades y cuerpos de emergencia deberán emprender intensas campañas de difusión para dar a conocer estas reformas y  para crear conciencia en la población del daño que pueden producir distrayendo recursos cuando se pueden utilizar en una verdadera emergencia.