Redacción

Las pifias cometidas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en el caso del menor Carlos Eduardo Martínez González, cuyo cadáver fue localizado en el Servicio Médico Forense, donde permaneció seis meses en calidad de desconocido, a pesar de que había “una búsqueda intensa” para dar con su paradero tras ser secuestrado el pasado 14 de febrero, no quedarán impunes.

Este martes, la dependencia que encabeza Miguel Ángel Contreras Nieto informó que cuatro agentes del ministerio público y un médico legista fueron separados del cargo y se inició una investigación en su contra por negligencia, al no haber comprobado la identidad de un  cuerpo que estuvo seis meses en el Semefo en calidad de desconocido y que al final correspondió al del menor buscado.

El pasado fin de semana, la Procuraduría comprobó que el cadáver de Carlos Eduardo estuvo en el Semefo de Tenancingo desde el 20 de febrero, es decir, seis días después de su secuestro.

Ese cadáver nunca fue identificado ni por los agentes del ministerio público que participaron en el levantamiento del mismo en el fondo de la  barranca ubicada debajo del puente Calderón, en la autopista Tenango- Toluca, ni por el médico legista lo que impidió avances en la investigación del plagio, pero sobre todo no extender la zozobra de los familiares de Carlos Eduardo durante meses sin poder conocer o dar con su paradero.

La Procuraduría de Justicia pidió, a inicios de marzo, a la dirección de Servicios Periciales una revisión en el Semefo de los cadáveres ahí resguardados para ver si alguno correspondía al de Carlos Eduardo, ya que tenían la presunción de que sus plagiarios le habían privado de la vida, porque dejaron de llamar a la familia para exigir rescate.

Como la respuesta fue negativa, la Procuraduría emitió una alerta amber a principios de abril, para ver si con el apoyo de la ciudadanía y de otras autoridades se podría dar con el paradero del menor, quien ya estaba muerto y en instalaciones de la propia dependencia.

Este caso no es el primero en donde la negligencia de personal del Servicio Médico Forense impide el esclarecimiento de alguna investigación que se encuentra detenida. A finales del año pasado, la Procuraduría también pudo confirmar que uno de los cadáveres que tenía el Semefo en su poder, en calidad de desconocida, correspondía a la joven Bárbara Reyes, quien desde hace dos años fue reportada como desaparecida por sus familiares.

Incluso en octubre del año pasado, la Procuraduría  ofreció 300 mil pesos a quien pudiera dar datos que llevarán a ubicar el paradero de Bárbara, cuando ella, yacía en el Semefo desde finales del 2011.