Redacción
Diputados locales del PAN y del PRD y universitarios del movimiento Metrobús Toluca Ya, solicitaron, ayer, la protección de la justicia federal para dejar sin efecto el incremento a las tarifas del transporte que fueron autorizadas por el gobierno del estado de México a los concesionarios de ruta fija el pasado 15 de mayo.
Finalmente fue este miércoles, cuando los legisladores y los jóvenes acudieron a los juzgados de distrito en materia civil ubicados en Toluca para presentar la solicitud de amparo en contra del alza al pasaje, acompañada de 34 mil firmas de usuarios que se oponen al aumento.
El argumento que esgrimen los legisladores para que el segundo juzgado de distrito en materia de juicios civiles y de amparo les conceda la razón, es que el gobierno mexiquense nunca consultó a la ciudadanía la pertinencia de aumentar el precio del pasaje como lo estipula el Código Administrativo de la entidad.
Al momento de presentar el recurso legal, el diputado panista Alfonso Bravo y el dirigente estatal del PRD, Juan Hugo de la Rosa pidieron formalmente al juez decrete en lo inmediato la suspensión del acto reclamado, para dejar sin efecto el aumento a la tarifa, en tanto se entra al fondo del asunto y se resuelve en definitiva.
De aceptar el juez el trámite de amparo tendrá que decretar si existen elementos suficientes que presuman una falta del gobierno mexiquense y de ser así podría decretar la suspensión del aumento, mientras entra al fondo del asunto. Esto podría ocurrir en los próximos diez días.
Durante casi un mes, los diputados locales del PAN y del PRD, así como los jóvenes del movimiento Metrobús Toluca Ya realizaron una extensa campaña para promover la firma de usuarios en contra del aumento, para respaldar la petición de amparo.
El incremento autorizado por el gobierno de Eruviel Ávila se dio luego de meses de negociaciones con los concesionarios del transporte, quienes finalmente aceptaron el incremento de un peso a la tarifa, para pasar de 7 a 8 pesos por los primeros 5 kilómetros y 20 centavos por kilometro adicional.
La tarifa de 7 pesos se mantuvo intacta durante cuatro años y los concesionarios reclamaban que durante ese periodo los insumos se incrementaron por arriba del 40 por ciento, incluyendo los aumentos al diesel y gasolina cada mes.
Los panistas también anticiparon que iniciado el periodo ordinario de sesiones en julio próximo promoverán una nueva Ley del Transporte que obligue a las autoridades a modernizar el sector y a los concesionarios a prestar un mejor servicio.