Toluca, Edomex; 10 de marzo de 2020.- El alcalde panista de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar se ha reunido en las últimas semanas con el movimiento antorchista del Estado de México. El edil teje fino en sus alianzas políticas rumbo a 2021 y 2023. Ayer, de nueva cuenta estuvo en Chimalhuacán –principal bastión antorchista- para sostener un encuentro con Jesús Tolentino Román. De su lado, el movimiento priísta se siente cómodo en la medida que garantiza su prevalencia política, dentro y fuera del partido al que pertenece.
Lo que es indudable es que, el movimiento antorchista lucra con la pobreza y marginación de sus agremiados. Los privilegios de sus líderes se traducen en los últimos 25 años en la obtención de cargos políticos y prebendas económicas. En resumen, Antorcha Campesina simboliza el priísmo clientelar y más rancio del siglo pasado. Con el gobierno delmacista mantienen una distancia y diferencias irreconciliables. Quizá por eso, Tolentino y los suyos ven en el panismo una alianza para sus proyectos de mediano y de largo plazo.
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Poco se puede entender que el PRI mexiquense busca recuperar el terreno perdido, cuando integra en su gabinete a figuras como la exalcaldesa de Tlalnepantla, Denisse Ugalde. A la fecha mantiene frentes abiertos, acusada por los malos manejos financieros del municipio. En lo político, sus adversarios priístas advierten que, en las elecciones de 2018, Ugalde pactó con el morenista Raciel Pérez la alternancia partidista en el Palacio Municipal. El único factor que juega a su favor es su entrañable amistad con la dirigente Alejandra del Moral.
Otro caso es David Sánchez Isidoro, quien tuvo un paso tan desafortunado por el municipio de Coacalco, que resultó inhabilitado de cualquier encargo público. Actualmente, dirigente del Movimiento Territorial, pretende reivindicar a su grupo político cuando en el pasado reciente debió renunciar a su candidatura. Con esos rostros y nombres, difícilmente se pueden esperar resultados distintos para los comicios intermedios del próximo año.
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La inseguridad pública es una de las principales preocupaciones de los tres ámbitos de gobierno. El combate a la delincuencia es una prioridad en la agenda pública del presidente López Obrador y del gobernador Alfredo Del Mazo. A nivel regional se han diseñado mesas de trabajo encabezadas por integrantes del gabinete delmacista. Lo que sorprende es que al menos una decena de alcaldes de extracción morenista han preferido por no asistir a esas reuniones de trabajo, ya sea por omisión, negligencia, desdén o ignorancia.
Un caso particular se refleja en Zinacantepec, donde ha sido una constante la ausencia del alcalde Gerardo Nava, aun cuando la estadística criminal del municipio ha crecido exponencialmente en delitos de alto impacto como el secuestro. Habría que entender que las mesas de seguridad no son un asunto partidista, y requieren del interés de los alcaldes, sin importar si ganaron por un mero golpe de suerte tras el efecto López Obrador.
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