Redacción

Distrito Federal. 22 de octubre de 2014.- Tuvieron que pasar casi cuatro meses para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiera una recomendación en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y el Gobierno del Estado de México, que determinó una matanza de militares en agravio de 15 presuntos criminales, una alteración de la escena del crimen y la obstaculización de una indagatoria sobre los hechos ocurridos el pasado 30 de junio en el municipio de Tlatlaya.

El presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, admitió que se trató de una de las peores violaciones a Derechos Humanos, en la que participaron ocho militares para dar muerte a 12 personas que ya se habían rendido y estaban sin armas, y tres más que estaban inertes, entre ellos tres adolescentes, dos de 17 años y una de 15.

En conferencia de prensa, advirtió una serie de medidas que deberán ser atendidas por el gobernador Eruviel Ávila Villegas, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam y el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos para dar cumplimiento a la recomendación emitida por el organismo nacional defensor de los derechos humanos.

La recomendación echa por tierra la postura oficial sobre un enfrentamiento entre el Ejército Mexicano y un grupo criminal, la cual fue respaldada por el gobernador Eruviel Ávila, horas después de que la Procuraduría de Justicia de la entidad ya hubiera desarrollado las primeras diligencias ministeriales que ratificaban esos hechos. Sin embargo, esa indagatoria se pone en entredicho, y ser permisiva en la violación a derechos humanos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En el documento, se instruye a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a la reparación del daño de al menos tres personas, con motivo de la intimidación que fueron víctimas durante la recabación de testimonios para el esclarecimiento del crimen. La misma deberá incluir una indemnización respectiva, la atención médica y psicológica necesaria.

La CNDH ordena al mandatario Eruviel Ávila sancionar administrativa y penalmente a los servidores públicos adscritos a la Fiscalía Regional de Tejupilco y la Fiscalía de Asuntos Especiales, especialmente a aquellos que ejecutaron, ordenaron o toleraron las acciones u omisiones descritas en la presente recomendación, vinculadas con la indagatoria del asesinato, y que posibilitó la manipulación en la escena del crimen para ocultar la ejecución perpetrada por fuerzas castrenses.

La mayor responsabilidad imputada a las autoridades mexiquenses, se concentra en la actuación de la Procuraduría General de Justicia de la entidad, que encabeza Alejandro Gómez Sánchez, motivo por el que se recomienda desarrollar entre su personal como peritos y ministerios públicos, cursos de capacitación en materia de criminalística con el objeto de que, al inspeccionar el lugar de los hechos lo hagan de manera exhaustiva y para que realicen diligencias precisas y detalladas que permitan llegar a la verdad histórica con respecto a los hechos investigados, remitiendo a esta Comisión Nacional las constancias respectivas.

Ante la tortura, como un método permanente que prevalece en la estructura ministerial para desarrollar sus indagatorias, se establece necesario que el personal de la procuraduría mexiquense realice sus investigaciones a partir de métodos y técnicas científicas y respetuosas de derechos humanos, y de obligar a las personas que están siendo objeto de una investigación de declarar contra su voluntad.

Hasta el momento, el gobernador Eruviel Ávila Villegas no ha manifestado la aceptación de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y la consiguiente instrumentación de acciones que permita su cumplimiento.