Redacción

Alfredo Martínez Gutiérrez, un pequeño comerciante de Toluca lleva 165 días viviendo el peor de los infiernos, como él mismo lo califica. No sabe el paradero de su hijo de 15 años Carlos Eduardo, al que secuestraron desde el pasado 14 de febrero en la puerta de un colegio ubicado en el centro de la capital mexiquense.

A pesar de haber tocado ya varias puertas, poco se ha avanzado en la investigación, se queja. Con las pocas fuerzas que le quedan para seguir luchando para encontrar a su hijo — al que ya presume muerto–  este lunes inició una nueva batalla, con protestas públicas ante las autoridades, con la intención de que el caso se vuelva visible y obligue a la Procuraduría General de Justicia del estado de México a dar resultados.

Propietario de una pequeña tortería en el centro de Toluca, Alfredo Martínez vivía en su casa, solo con Carlos Eduardo. Ambos se tenían el uno al otro y nadie más. La madre del estudiante de secundaria falleció en un accidente automovilístico en 1999, cuando éste era bebe.

El 14 de febrero, día del Amor y la Amistad, Carlos Eduardo fue a la escuela administrada por un grupo de religiosas. El colegio María Montessori, ubicado en la calle de Matamoros en el centro de la capital, acababa de cambiar de guardias de seguridad. Ese jueves, en lugar de dos oficiales, sólo llegó uno, quien aún no estaba compenetrado con el movimiento de la escuela.

A las 14:05 horas, Carlos Eduardo esperaba a su hermano para ir a la casa con su papá. A unos pasos de la puerta del colegio y antes de que algún pariente llegara por él, un comando armado lo tomó de los brazos y lo subió por la fuerza en una camioneta.

Veinticinco minutos después, su padre, Alfredo Martínez Gutiérrez recibió en su casa una llamada donde exigían un rescate de 10 millones de pesos por él. ¿De dónde iba a sacar tal cantidad de dinero si ni coche tenemos? explica el padre desconsolado.

Durante cuatro días recibió llamadas de presuntos integrantes de la Familia Michoacana, exigiendo el dinero. El último día de llamadas, el domingo 17 de febrero, le pidieron dos millones y de paso le dijeron que ya no podían tener más al muchacho. Nunca más volvieron a llamar.

Durante 15 días, los negociadores de la Procuraduría General de Justicia del estado de México estuvieron infructuosamente esperando una nueva comunicación de los captores. Durante más de un mes, el ministerio público trató de rastrear el número del cual le llamaron para exigir rescate. Nunca dieron con la ubicación del número.

Dos meses después del secuestro, se autorizó la publicación de una ficha de alerta amber para localizar al menor.

Cuatro meses después, se dio el encuentro del padre con el procurador Miguel Ángel Contreras sin grandes resultados ni compromisos.

Hoy a más de cinco meses de la desaparición, el padre de Carlos Eduardo, decidió exponer el caso públicamente para ver si así las autoridades le dan un poco más de atención. Un funcionario menor le tomó sus datos, pero el padre no encontró eco para alcanzar una entrevista con el secretario general de gobierno, o con el propio gobernador Eruviel Ávila.

“Nosotros le llamamos”, le dijeron. ¿Saben cuándo lo harán? Preguntó a los medios y enseguida se respondió “Nunca, aunque deseo equivocarme”.

A partir del próximo ciclo escolar, Alfredo  Martínez llevará su protesta a todas las escuelas para que conozcan del caso y los padres de familia exijan aumentar las medidas de seguridad para evitar que de nuevo un menor sea sustraído de una escuela, sin que nadie sepa qué fue lo que pasó.