Redacción

Este viernes el Sistema Nacional para Prevenir,  Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), sesionará para conocer de la sentencia que emitió un Tribunal Colegiado, que ordenó a esta instancia encabezada por la Secretaría de Gobernación, a volver a ponderar la pertinencia de emitir una declaratoria de alerta de género en el estado de México, lugar donde se reportan el mayor número de muertes violentas de féminas en el país.

La sesión de este viernes será de trámite, porque no se llegará al fondo del asunto. Simplemente se conocerá de la sentencia y se convocará a una nueva sesión, para tras conocer el contexto de la problemática mexiquense, las 32 representantes de las instituciones estatales encargadas de atender a la mujer, fijen su postura y emitan su voto a favor o en contra de la alerta de género.

El miércoles, la directora de Instituto Nacional de Atención a las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz, –la misma que en 2011 votó en contra de que se emitiera la declaratoria de alerta de género en el estado de México, desde su cargo de presidenta del consejo estatal de la mujer – dio un indicio del futuro de la petición hecha por diversas organizaciones no gubernamentales.

Lorena Cruz descalificó la alerta de género como mecanismo para tratar de resolver la problemática de la violencia contra la mujer en cualquier entidad. Señaló que la alerta es una figura rebasada y se deben explorar alternativas, porque en la actualidad, la alerta se utiliza como un instrumento político más que como otra cosa.

Ayer, la presidenta del Observatorio Ciudadano del Feminicidio, Yuriria Rodríguez lamentó la postura de Lorena Cruz, pero insistió en la necesidad de formular la declaratoria de alerta de género en la entidad.

Rodríguez se apoyó en las diputadas locales del PAN y del PRD para presionar a las autoridades a que se emita la declaratoria de alerta e incluso, pudo sacar el compromiso de las legisladoras para que en el próximo periodo de sesiones, se proponga una iniciativa para homologar el tipo penal del feminicidio en la entidad, con el federal.

La razón es que en el estado es muy difícil que el ministerio público pueda acreditar la configuración del feminicidio en las muertes violentas de la mujer, y a nivel federal, el asunto resulta más sencillo.

Legisladoras y activistas del Observatorio Nacional del Feminicidio señalaron que en los últimos dos años se han registrado 567 muertes violentas de mujeres que debieron ser catalogadas como feminicidios en la entidad, pero solo la Procuraduría reconoció 155.

La Procuraduría del estado también entró al debate, al emitir por la noche un comunicado donde afirma que en la entidad se atiende la problemática de la violencia de la mujer y aclaró que los niveles de impunidad en estos casos han descendido. Dijo que de los 133 casos reportados en 2012 y 2013, 107 están resueltos, y ya se han obtenido 50 sentencias ejemplares, incluyendo una de prisión vitalicia.