Han pasado casi seis meses, el equivalente a una sexta parte de los gobiernos municipales, y el Ayuntamiento de Naucalpan todavía no termina por habilitar el denominado centro de inteligencia (C4). El gobierno de Azucena Olivares, desmanteló las finanzas y la seguridad pública. En enero sólo funcionaban 4 cámaras internas y 4 externas en la periferia del Palacio Municipal. A la fecha se han habilitado 42 cámaras de videovigilancia instaladas en sitios estratégicos y vialidades del municipio.
No obstante, existen 96 cámaras funcionando, pero 54 cámaras no están conectadas al C4, es decir, sólo almacenan información videograbada. En total, las cámaras de vigilancia dan cobertura al 60 por ciento del territorio municipal. El otro 40 por ciento, simplemente no tiene vigilancia tecnológica, y espera con angustia, que los operativos de patrullaje se regularicen a la brevedad, cosa que hasta la fecha no ha ocurrido.
A decir de David Sánchez, alcalde naucalpense, la vieja administración tampoco mantuvo patrullas en buen estado. En un acto lento, pero desesperado, el Ayuntamiento ha concluido los procesos de licitación para comprar nuevas patrullas, y hacer que la vigilancia funcione. Por ahora, las zonas residenciales se quejan de una deteriorada seguridad pública, mientras en zonas populares, ni videovigilancia se tiene.
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Organizaciones no gubernamentales, ya preparan el expediente con la acumulación de testimonios, para denunciar ante la PGR a un policía federal y varios agentes municipales que habrían participado en la detención “ilegal” de 30 migrantes centroamericanos en Huehuetoca. Los efectivos de ambas corporaciones ingresaron a un comedor para migrantes, en una acción fuera de la norma, y posteriormente entregaron a los indocumentados al personal del Instituto Nacional de Migración.
Por más que las autoridades migratorias nieguen la versión del allanamiento, los defensores de derechos humanos advierten que procederán con todas las de la ley. Aunque se mantienen escépticos de la repuesta de PGR, exigen se aclaren las detenciones, y en caso de ser necesario, se castigue a los responsables, de lo que argumentan, es un delito.
Pero en el asunto migratorio, hay un tema de fondo más allá de aplicar la ley, o de la defensa de los derechos humanos. El tráfico de personas es un negocio para los vecinos de las regiones de tránsito y para los policías dedicados a extorsionarlos. Mientras se pide el trato digno de migrantes mexicanos en Estados Unidos, en tierra propia se vulnera la integridad de indocumentados que sólo están de paso por el país.
