Redacción
Luego de un mes de ocurrida la elección presidencial, los candidatos ubicados en primer y segundo lugar, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador permanecen en un intercambio de acusaciones por presuntas irregularidades en los financiamientos de sus respectivas campañas electorales. En tanto, se prevé que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación agote los tiempos legales, y sea hasta el próximo 6 de septiembre cuando valide la elección, y en su caso declare como Presidente electo al abanderado priísta.
El candidato perredista, Andrés Manuel López Obrador ha revelado una misteriosa línea de financiamiento a favor del priísta Enrique Peña Nieto, a través de tarjetas de débito Monex, de las cuales aún no se tiene una definición clara del monto de los recursos y su aplicación.
Aunque durante la campaña electoral, el equipo de campaña del PRI rechazó el uso de tarjeta de servicios bancarios Monex, debió reconocer su utilización para el pago de los representantes de casilla, los cuales no habrían sido necesariamente parte de los gastos de la campaña de Enrique Peña Nieto.
Las investigaciones han revelado que el fondeo de estos recursos económicos a favor de la estructura partidista del priísmo se habría realizado por medio de “empresas fantasma”, cuyos domicilios fiscales no coinciden con su razón social, cuyas pistas apuntan a un posible lavado de dinero en el uso de tarjetas Monex en el pago de representantes de casilla del PRI.
Por su parte, el equipo de campaña de Enrique Peña, ha denunciado que asociaciones civiles como Honestidad Valiente y Austeridad Republicana, vinculadas a López Obrador habrían incumplido con sus obligaciones fiscales, y del mismo modo, sus recursos se habrían destinado de forma oculta a las actividades proselitistas del tabasqueño, no de ahora sino desde el año 2006.
La asociación Honestidad Valiente creada el 14 de septiembre del 2006 y Austeridad Republicana con origen el 14 de febrero del 2007, han acusado su operación con financiamientos ocultos para evadir los mecanismos de control de recursos de los partidos políticos.
El PRI presume un fraude por la evasión fiscal del origen y destino de los recursos, y violación de topes de campaña al ocultarse gastos que debían reportarse al IFE, triangulándolos a través de las asociaciones civiles citadas.
Han transcurrido 30 días de los comicios presidenciales, donde Peña Nieto y López Obrador se han enfrascado en arremeter uno contra el otro. Los recursos financieros utilizados en ambas operaciones bancarias permanecen en la opacidad, sin embargo, difícilmente se prevé que tales acusaciones puedan modificar los resultados que dieron como vencedor al priísta.
