Redacción
Toluca, Edomex, 19 de noviembre 2020.- Activistas y agrupaciones feministas trans, comunidad académica y personas defensoras de derechos humanos exhortaron a diputadas y diputados mexiquenses a reconocer la urgencia de contar con una Ley de Identidad Sexogenérica y a legislar a favor de la protección de los derechos fundamentales, como lo son el derecho a la identidad, a acceder a servicios de salud, al empleo, la vivienda, la justicia y la educación, entre otros.
Como parte del Foro virtual Identidad de Género, para el análisis de la Ley de Identidad Sexogenérica, organizado por el Consejo Ciudadano para la Prevención y la Erradicación de la Discriminación (CCPyED) de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), se concluyó que es tiempo de saldar la deuda histórica que sociedad y gobierno tienen con los derechos humanos de las personas trans, reconociendo jurídicamente su identidad y, con ello, sus derechos fundamentales.
En el encuentro realizado en línea, la secretaria general del organismo, Rosario Mejía Ayala, dio la bienvenida a las y los participantes y aseguró que “la Comisión no dará ni un paso atrás en la defensa de los derechos humanos y busca fortalecer el derecho a la identidad civil, especialmente de las personas trans, lo cual es una deuda pendiente a 72 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
Por su parte, Josseline Aguilar, coordinadora general del Comité Orgullo Ecatepec y activista internacional por los derechos de la comunidad trans y LGBTTTIQ+, aseguró que “es urgente reformar y homologar el marco jurídico mexiquense para el derecho pleno de todas las personas, en congruencia con el principio constitucional de igualdad”.
Las y los participantes en el foro coincidieron en que es urgente legislar a favor de la identidad de las personas trans como fundamento para el acceso a derechos universales y sustento para prevenir, castigar y erradicar la violencia en contra de mujeres trans o personas trans con expresión femenina, escenario en el que México se sitúa en el segundo lugar del mundo con 611 casos, de 2007 a 2019, sólo después de Brasil con 868.
En lo que va de este año, en nuestro país, se han documentado 28 transfeminicidios, muchas de ellas trabajadoras sexuales y de estéticas, que fueron encontrados en la vía pública o en lotes baldíos con heridas provocadas por armas de fuego y punzocortantes.