Toluca, Edomex; 17 de noviembre de 2020.- La aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Estado de México alcanza el 54 por ciento. Aunque los niveles están por debajo de la media nacional que se ubica en el 57 por ciento, se puede advertir que el electorado mexiquense lo tiene en una percepción positiva cuando están por cumplirse dos años de gobierno. Es innegable que, la aceptación del gobierno federal será un factor de decisión para el 2021.
Consulta Mitosky publicó la encuesta aplicada en octubre pasado. Ahí se detalla que los estados con mayor aprobación para López Obrador son Chiapas, Tlaxcala, Oaxaca, Guerrero y Tabasco, tres gobernados por el PRI y dos por Morena. En resumen, el sureste mantiene sus amplias preferencias electorales. En promedio, la aprobación oscila entre el 66 y hasta el 78 por ciento.
En contraste, las entidades con mayor reprobación para Andrés Manuel son Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Baja California Sur y Chihuahua, cuatro de ellos gobernados por el PAN y otro más por MC. Ahí apenas el 40 por ciento concuerda con la manera de gobernar del tabasqueño. El bajío y el norte nunca han sido un territorio sencillo para el movimiento del primer mandatario.
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Vaya paradoja enfrenta el gobierno de Alfredo Del Mazo. A marchas forzadas, en la oficina de Rodrigo Jarque se diseña el proyecto presupuestal del año entrante, que deberá presentarse en los próximos días ante la legislatura estatal, pero tener alguna consideración electoral para recuperar el terreno perdido. Las expectativas financieras son complejas, en la medida que se anticipa una muy lenta recuperación económica a causa de la pandemia. Y en consecuencia, habrá una disminución en los ingresos propios y las participaciones federales.
El dilema es desolador. Por un lado, no habrá nuevos impuestos para evitar un descontento social que se refleje en las urnas en contra del priísmo. Por otra parte, se deberán hacer ajustes financieros principalmente al gasto corriente, para que los recursos alcancen en la entrega de apoyos sociales antes de que inicie la veda electoral. Un dato adicional: la reestructura administrativa podría dejar a un centenar de funcionarios públicos en las filas del desempleo.
Otras instancias con afectaciones: los ayuntamientos. Los alcaldes enfrentarán su tercer y último año de gobierno con dificultades económicas. Los municipios no quieren apretar el cinturón en las nóminas. Tampoco podrán hacerlo en gastos prioritarios como servicios públicos y seguridad pública. El presupuesto de infraestructura disminuye, pero no se elimina. No obstante, se calcula que al menos treinta presidentes municipales saldrán a buscar la reelección.
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