Toluca, Edomex; 20 de agosto de 2020.- Antorcha Campesina está en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), razón por la que ha comenzado a investigar los manejos financieros de sus dirigentes. La organización priísta, con origen en Puebla, tiene en la zona oriente del Estado de México uno de sus principales bastiones electorales y basamentos de financiamiento. Desde hace 20 años, han dominado las alcaldías de Chimalhuacán e Ixtapaluca, y han hecho de la presión social su mejor artilugio para obtener prebendas políticas.

Lo cierto es que, Antorcha Campesina no tiene una buena relación con el gabinete delmacista, y con una investigación hacendaria sobre sus liderazgos, parece un pretexto idóneo para sacudirse al cacicazgo Jesús Tolentino Román, Maricela Serrano y Brasil Acosta hacia las elecciones intermedias. La mala noticia es que Alejandro Moreno, dirigente nacional priísta, ya les dio su espaldarazo a los antorchistas, lo que advierte un salvamento para su organización.

En fecha reciente, Tolentino tuvo acercamientos con el panismo mexiquense en un abierto ofrecimiento de sus clientelas electorales al mejor postor. Antorcha tiene motivaciones por intereses particulares. Durante años, los recursos públicos han servido para fortalecer su organización y la movilización de sus afiliados. La suerte personal se ha esfumado, y la coyuntura política parece tener una encrucijada a los antorchistas, incluidos los mexiquenses.

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En su origen, la CONAGO surgió en el sexenio foxista como contrapeso de los gobernadores priístas y perredistas para exigir un nuevo pacto fiscal, que les otorgará mayores recursos financieros a los estados. La discusión se ha trabado durante los últimos 30 años, y se ha pronunciado en la medida que la oposición ha ganado mayores espacios locales con respecto al poder presidencial. Ayer, los gobernadores y López Obrador llegaron a la misma conclusión: tener mayor capacidad de recaudación y una nueva fórmula de distribución presupuestal.

Si los gobernadores avanzan en su exigencia, uno de los estados con mayores beneficios para sus finanzas públicas sería el Estado de México. Por un lado, por ser la entidad más poblada del país, con más de 17 millones de habitantes; por otra parte, por su capacidad recaudatoria, al aportar poco más del 10 por ciento del PIB a nivel nacional.

La mala noticia, es que el proyecto presupuestal del año entrante deberá presentarse en la primera semana de septiembre, y la posibilidad de un nuevo pacto fiscal debería esperar, por lo menos, hasta el 2022, cuando transcurran los últimos 20 meses del gobierno delmacista.

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Zulema Martínez, comisionada del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México (Infoem), fue ratificada como presidenta del organismo por un periodo extendido de un año. Recibió el respaldo de los demás consejeros de la dependencia. En su proyecto institucional, se comprometió a fortalecer la tutela de los derechos fundamentales de acceso a la información pública y la protección de los datos personales para las y los mexiquenses, así como fomentar el gobierno abierto y la adecuada gestión documental.

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