Toluca, Edomex; 19 de agosto de 2020.- El sistema penitenciario del Estado de México está colapsado desde hace treinta décadas. El posible suicidio de uno de los presuntos asesinos de Luis Miranda Cardoso, pone de manifiesto la incapacidad de las cárceles en los procesos de reinserción. En el caso específico de dicho homicidio, ahora dificulta toda la tarea de investigación de la Fiscalía de Justicia. Apenas 48 horas se pudo tener en prisión al presunto delincuente, y ahora surgen múltiples especulaciones sobre la repentina muerte del inculpado.

Lo que es peor: en casi tres años del sexenio delmacista ha ocurrido de todo en los penales estatales, desde riñas, hasta asesinatos y motines. En el fondo, parece que la ilegalidad de los centros penitenciarios se ha normalizado. Desde la Secretaría de Seguridad sólo se informa periódicamente de hechos inadmisibles; en la Codhem hay respuestas institucionales que recaen en recomendaciones. Pero ni por equivocación existen consecuencias sobre quienes son responsables del sistema carcelario en la entidad.

El problema es estructural, lleva muchos años sumido en la corrupción, la negligencia y la omisión, pero a nadie parece interesarle mejorar su realidad.

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Quienes más atentos andan por la ruptura de Morena en Toluca son los panistas y priístas, que hacen cuentas y conjeturas para la elección intermedia. Hasta hace un mes, nadie pensaba que Morena perdería el poder público de la capital mexiquense. A la distancia, las élites políticas han comenzado a especular sobre sus posibilidades de triunfo. En 20 años, Toluca ha sido gobernado por el PAN, el PRI y Morena, aunque lo impensable era la dominancia de la izquierda en una sociedad tan conservadora. El efecto AMLO lo hizo posible hace dos años.

Un voto disperso y atomizado, favorece a las estructuras más sólidas. A esa condición se suma el abstencionismo constante. Pese a la fractura de los últimos días, Morena confía en que la inercia lopezobradorista será suficiente para ganar en las urnas. El PAN sabe que es su momento: recuperar el voto que Juan Rodolfo se llevó a la izquierda. Los priístas, que son muchos en la fila, piensan que el apoyo del régimen estatal alcanza para el triunfo.

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En la Secretaría del Trabajo, continúan los ajustes en su estructura interna. Ayer, rindió protesta Laura Martínez Moreno como directora general de política e inclusión laboral, sustituye en el cargo a Julio Vanegas Guzmán, recién nombrado director del Centro de Conciliación Laboral. Las atribuciones de Martínez estarán encaminadas a la relación del gobierno mexiquense con las distintas agrupaciones sindicales, aunque sin mucha experiencia en el ramo.

Laura Martínez es cercana al gobernador Alfredo Del Mazo. Es licenciada en Derecho por la UNAM. Trabajó como subdirectora de Recursos Humanos y asesora de la dirección de Banobras, cuando dicho organismo era encabezado por el mandatario estatal. En septiembre de 2017, fue designada como directora general de Operación Urbana en la Secretaría del ramo estatal.

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