Toluca, Edomex; 7 de julio de 2020.- La gente salió a las calles con tanta normalidad, que tal parece que el semáforo epidemiológico en el Estado de México se encuentra en verde. La zona de los Portales en Toluca y algunos tramos del Periférico Norte regresaron a la saturación del tránsito vehicular. Mientras puede haber un gran respiro para la recuperación económica, hay una honda preocupación por una eventual aceleración en el ritmo de contagios y hospitalizados por covid-19 dentro de las próximas dos semanas. No todo es responsabilidad del gobierno, está claro.

El municipio de Toluca ha apostado por las medidas coercitivas. Aprobó multar o arrestar a quienes no usen el cubreboca. La salud pública está en la prioridad de la agenda del gobierno municipal. Sin embargo, hay una delgada línea que puede vulnerar otros derechos humanos y que puede derivar en abusos de la autoridad como ocurrió en Jalisco. La mano dura que ha demostrado Juan Rodolfo Sánchez durante su trayectoria pública se ha vuelto a imponer.

En el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Osfem) ya alistan el regreso a las tareas cotidianas la próxima semana. A partir del lunes comenzarán a correr los plazos y términos legales para las distintas auditorías y observaciones de presidentes municipales y exalcaldes. Y a marchas forzadas se deberán reagendar un sinfín de audiencias presenciales. Después de una larga espera, se espera que la auditora Miroslava Carrillo muestre si realmente ha llegado para combatir la corrupción y las malas prácticas del servicio público.

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El sur del Estado de México, ha sido durante décadas una tierra caliente, no sólo por el clima de su geografía sino por las condiciones de violencia que laceran a sus habitantes. A pesar de ser la zona de mayor extensión territorial, es la región de mayor abandono. Las oportunidades educativas son escasas. El desarrollo económico es precario. La inversión pública es nula. La inversión privada está ausente. Y eso obliga a sus pobladores a buscar en actividades ilícitas las alternativas que no encuentra en su entorno. En esa lógica, hace que muchos municipios sean dominados por la presencia del crimen organizado.

Desgraciadamente, las escenas de violencia entre bandas delictivas o en contra de fuerzas policíacas se han normalizado. Entre las familias permea la necesidad de defender la plaza, los cultivos y sus negocios ilícitos como medio de subsistencia. En cada acto de criminalidad, persiste un común denominador: la impunidad de quienes los cometen y la prevalencia de su poder fáctico.

Ayer, en San Simón de Guerrero, un comando armado atacó a fuerzas federales y estatales porque vieron amenazados sus intereses. En la versión oficial sólo trascendió una escueta nota informativa. Ninguna autoridad federal, estatal o municipal salió a fijar una postura. Y muy probablemente las investigaciones apostarán a la desmemoria colectiva. No es la primera vez, ni será la última.

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