Toluca, Edomex; 19 de mayo de 2020.- Durante el mes de abril, cada día se perdieron mil 200 empleos formales. Un promedio de 50 fuentes de trabajo colapsadas cada hora. La prospectiva económica es que, durante el mes de mayo, frente a la emergencia sanitaria, la cifra podría duplicarse. Es decir, se podría registrar el decremento de otros 36 mil puestos de trabajo, para alcanzar una pérdida de 70 mil empleos en apenas dos meses. Un impacto catastrófico para miles de familias mexiquenses.

La cifra sólo considera aquellas fuentes laborales reportadas ante el IMSS, es decir, no alcanza a dimensionar aquellos trabajadores que pudieron quedar sin ingresos inmersos en la informalidad. Tampoco alcanzará a contar los burócratas que pudieron ser despedidos durante la cuarentena. De ahí la urgencia por retornar a la normalidad, para reactivar la economía de los pequeños y medianos negocios, con el propósito de contener la pérdida de más y más empleos.

Una buena salida, para los siguientes meses, sería el diseño de programas de empleo temporal que permita dar trabajo en áreas ambientales, agropecuarias y forestales en las zonas de mayor marginación. Lo preocupante es que, hasta el momento las Secretarías del Medio Ambiente y de Desarrollo Agropecuario son de las más omisas durante la contingencia sanitaria. Del seguro de desempleo tampoco existe pronunciamiento alguno en el estado.

La recuperación económica será muy lenta, y eventualmente incierta. Cualquier rebrote de contagio obligaría a cerrar comercios no esenciales y regresar a la jornada de sana distancia en lo que resta del año. Es un despropósito pensar que la pérdida de empleos sólo descansa en la Secretaría del Trabajo. El impacto del desempleo es un aliciente muy negativo para otra asignatura pendiente: la curva ascendente en la estadística criminal en la entidad.

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En medio de la emergencia sanitaria, la Legislatura Estatal ha tenido que posponer su agenda de prioridades. Sin embargo, hoy más que nunca se requiere de avanzar en el análisis de la Ley del Issemym, el sistema de seguridad social de miles de burócratas y profesores en la entidad. Durante las últimas décadas, el sistema de salud gubernamental ha mostrado carencias en su capacidad de atención, y el colapso financiero ha sido una justificación permanente en la carencia de personal médico y desabasto de medicinas.

La coyuntura sanitaria hace impostergable la aprobación de una nueva Ley para el Issemym. Sin embargo, todo apunta a que los actuales legisladores ya piensan más en las elecciones del año entrante, y en ese cálculo político, prefieren postergar el debate legislativo de aquellas reformas que pudieran tener un costo electoral para sus aspiraciones personales. Y eso, incluye a todos los partidos políticos por igual.

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