Toluca, Edomex; 20 de abril de 2020.- El sistema de salud público del Estado de México está cerca de ser rebasado por la emergencia sanitaria del coronavirus. Estadísticamente, la cifra de contagiados por día supera al anterior, y eso evidencia que el resguardo domiciliario no se respeta. Las autoridades federales y estatales han sido laxas en sus decisiones. Y la capacidad sanitaria ha llegado a su límite para atender a quienes han dado positivo de COVID-19 y requiere de una cama de hospital. El momento más crítico de la contingencia es ahora.

Desde el inicio de la pandemia, el Estado de México tenía claro que se convertiría junto con la Ciudad de México, en el epicentro de contagios del país por su densidad poblacional. Sin embargo, la saturación hospitalaria se pretendió evitar con resultados hasta ahora insuficientes. Ahora vendrán consecuencias humanitarias irreversibles. Mientras la curva de contagios no se reduzca, el resguardo domiciliario se volverá a ampliar. Las consecuencias económicas tendrán repercusiones cada vez más profundas.

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La estrategia educativa para rescatar el ciclo escolar en el nivel básico parece diseñada exclusivamente para zonas urbanas. El ideario de sostener clases en línea y mediante televisión abierta se torna exclusivo de las grandes ciudades. En el diseño de la escuela pública, las autoridades se encuentran rebasadas por el modelo marginal en que viven las familias de zonas rurales: sin computadora en casa y mucho menos internet. La señal de televisión abierta resulta ineficiente. Y con dos o más niños en casa, difícilmente se podrán dividir los horarios para quienes tienen una sola televisión o computadora.

En las regiones de mayor desigualdad social, todo apunta a que el ciclo educativo está perdido. Ahí, la deserción escolar es un problema sistemático por condiciones socioeconómicas. Hoy, en medio de la emergencia sanitaria, las familias más pobres han sido excluidas del proyecto educativo. Pensar que los más de tres millones de alumnos del nivel básico tendrán televisión abierta y acceso a internet en casa, pone en evidencia que las autoridades toman decisiones en una burbuja desde su escritorio.

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El OSFEM ha sido obligado a suspender actividades hasta el 5 de mayo. Para entonces, la autoridad fiscalizadora deberá postergar sus labores hasta el mes de junio como el resto de las oficinas de gobierno. En los hechos, el OSFEM se encontrará entrampado en sus plazos y sus obligaciones.

Hacia el mes de junio, deberá recibir los informes municipales, cuyos términos legales se han detenido. Ahí también se incluye el análisis que deba realizar de los proyectos presupuestales que apenas recibió en el mes de marzo.

Entre julio y agosto, también estará obligado a desahogar audiencias y solventaciones de la Cuenta Pública de 2019 -la primera de los actuales alcaldes-; así como de pendientes tanto de la Cuenta Pública 2018 como de diversas auditorías de los presidentes municipales del periodo 2016-2018.

Y por si eso fuera poco, hacia septiembre, tendrá que alistar el informe de la Cuenta Pública 2020, de la cual se tienen altas expectativas, por ser el primer desafío de la actual auditora, Miroslava Carrillo.

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