Redacción
Toluca, Edomex; 26 de febrero de 2020.- El exgobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto y el exsecretario general de gobierno, Humberto Benítez Treviño serán denunciados ante la Corte Penal Internacional por su presunta responsabilidad en crímenes de lesa humanidad perpetrados en contra de la comunidad de San Salvador Atenco, en mayo de 2006.
De acuerdo con los colectivos de Sobrevivientes de la Tortura de Atenco (Costa) y Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) se busca hacer justicia por los actos de represión ocurridos hace casi 14 años, y que derivaron en la muerte de dos jóvenes, cuyos asesinatos nunca pudieron imputar responsabilidades.
De acuerdo con Inés Cuellar, la reyerta policíaca del 3 y 4 de mayo de 2006, ocurrió como represión a un grupo de opositores al Aeropuerto en Texcoco, donde se acreditaron actos de tortura, pero irónicamente “no hay torturadores”.
La denuncia que presentarán los colectivos del caso Atenco involucran al expresidente de México, Vicente Fox; al entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto; al exsecretario general de gobierno, Humberto Benítez Treviño; al exprocurador, Eduardo Medina Mora; a Miguel Ángel Yunes, excoordinador del Consejo de Seguridad; al exjefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP), Ardelio Vargas Fosado; y a otros 12 funcionarios.
El vocero del Costa, Jorge Orta Mendoza, criticó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dijera que no podía emitir una sentencia, porque no encontró a un solo torturador, aunque admitió que Alexis fue golpeado con un objeto rojo, sin saber quién lo arrojó.
En tanto, los integrantes del colectivo del caso Atenco criticaron que a 15 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no haya intención de investigar y sancionar a los autores intelectuales de ordenar y ejecutar la tortura en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco.
A los cinco meses de iniciado el gobierno de López Obrador, 11 mujeres que fueron torturadas sexualmente tenían esperanza de que se ejecutara la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, que señala al Estado como responsable de la violación, pero sólo se abrieron mesas de diálogo, sin ofrecer soluciones.
La CIDH acreditó durante su investigación que fueron vulnerados los derechos de hombres y mujeres en los operativos de Atenco del 2006 y que en efecto hubo violaciones y vejaciones a las detenidas en los operativos policiacos.
