Redacción
Toluca, Edomex 11 de febrero del 2020.- El subsecretario de administración del gobierno mexiquense, Víctor Rodrigo Curioca Ramírez enfrenta una acusación penal formulada por la Fiscalía General de la República por el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades, por haber participado en la compra de un avión con sobreprecio para la Procuraduría General de la República (PGR) en 2013, cuando era encabezada por Jesús Murillo Karam.
De acuerdo con el periódico Reforma, ayer un jueza de distrito vinculó a proceso a Curioca Rodríguez y a Judith Aracely Gómez Molano, ex Oficial Mayor de la PGR, pues a su consideración había elementos para enjuiciarlos en el delito que les imputa la FGR.
Curioca Ramírez, como director de Recursos Materiales de Banobras, habría avalado, con su firma, junto con la Oficial Mayor de la PGR, la compra de una aeronave Bombardier Challenger (CL600), por un costo de 19.6 millones de dólares, cuando su valor era de 16.4 millones, de acuerdo con Reforma.
Curioca es una de las personas de mayor confianza del gobernador Alfredo del Mazo, con quien trabaja desde que el titular del Ejecutivo estatal fue presidente municipal de Huixquilucan.
En la audiencia celebrada ayer en esta causa penal, el fiscal adscrito al juzgado de distrito, Carlos Palafox indicó que la aeronave habría sido utilizada por Murillo Karam únicamente para sus traslados personales y sus colaboradores cercanos. “No se requiere una aeronave con ese lujo y confort para la persecución del delito”, indicó el fiscal.
Reforma informó que la jueza que conoce de la causa penal impuso el pago de una garantía de 100 mil pesos a cada uno de los acusados y la restricción de no salir del país, mientras se desarrolla el proceso penal.
Este delito alcanza penas hasta de doce años de prisión.
En la nota que publicó el diario en ocho columnas, se señala que la defensa de los imputados afirmó durante la audiencia que tanto Curioca como Gómez Molano solo se limitaron a firmar los contratos, pero la compra fue avalada por otras dependencias del gobierno federal, como la Secretaría de Hacienda.
La juez reviró y sostuvo que “sería ilógico pensar que una persona que tiene el cargo de oficial mayor pueda firmar a ciegas contratos y que pueda obligar a un subdirector (de Banobras) a firmar un contrato sin revisarlo”.
Hasta el momento, el gobierno del Estado de México no ha emitido comentario sobre este asunto, ni el subsecretario imputado ha emitido algún comentario al respecto.
