Redacción

Toluca, Edomex 9 de enero del 2020.-  La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), emitió este jueves, el “Informe Especial sobre la Situación de Criminalización de Defensores de Derechos Humanos de la comunidad indígena de Tlanixco, del municipio de Tenango del Valle”, que habían sido sentenciados a 50 años de prisión por homicidio calificado y privación de la libertad delitos que no cometieron y  por lo cual fueron liberados en febrero y abril,  tras permanecer más de 10 años en la cárcel injustamente.

La Codhem pidió al gobierno de Alfredo del Mazo inscribir a los seis índigenas que estuvieron presos en el registro estatal de víctimas y al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, para poder acceder a una indemnización como parte de la reparación del daño causado.

En su informe, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México reitera que se vulneraron las garantías individuales de Pedro Sánchez, Teófilo Pérez y Rómulo Sánchez, Dominga González, Lorenzo Sánchez y Marco Antonio Pérez por lo cual se les debe atender y restituir como lo marca la ley

En el informe, la Codhem da cuenta de las acciones emprendidas por el organismo para la protección de los derechos humanos de las seis personas, entre ellas una mujer, “cuyo enjuiciamiento y situación jurídica fueron afectados por fallas cometidas por la instancia jurisdiccional al vulnerar los derechos al acceso a la justicia, a la legalidad y la seguridad jurídica, a la debida diligencia, a la fundamentación y motivación, a la presunción de inocencia, a la honra y a la buena reputación; además de omitir la aplicación del principio pro persona, como criterio de interpretación de la ley en casos relacionados con los derechos humanos”.

En el documento se fundamenta que las autoridades incumplieron la obligación de proteger los derechos humanos de estas personas “haciendo un evidente uso indebido del derecho penal y, por tanto, criminalizando su labor como personas defensoras de los derechos de los pueblos originarios y al no respetar sus usos y costumbres como integrantes de la comunidad indígena nahua”.

Se señala que si bien las víctimas fueron liberadas, –gracias a la intervención de organismos de derechos humanos internacionales– éstas no han obtenido la justa reparación ante los agravios infligidos a sus derechos humanos.

En este contexto, el presidente de la Codhem, Jorge Olvera García, plantea varias propuestas para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos fundamentales en los términos que establece la ley.

La primera propuesta está dirigida a los operadores de justicia penal, a la Fiscalía General de Justicia y al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, para garantizar la actuación debida de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos en el sistema de justicia interno, para lo cual recomienda adoptar lineamientos, criterios, protocolos, principios e instrumentos internacionales destinados a proteger a las y los defensores.

El titular de la Codhem solicita reconocer el trabajo de defensoras y defensores de derechos humanos y su importante rol en las sociedades democráticas, a través de actividades de capacitación a los operadores de justicia, reconociendo que su activismo no debilita al Estado, sino que lo fortalece.

A la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del gobierno estatal, se le propone que por conducto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, las referidas personas agraviadas sean inscritas en el Registro Estatal de Víctimas del Estado de México, a fin de que accedan a los derechos y garantías establecidos en la ley, así como al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, considerando siempre su condición de personas indígenas y su labor en la defensa de los derechos humanos de su comunidad.