Toluca, Edomex; 14 de noviembre de 2019.- Un escándalo profundiza la crisis de inseguridad en el Estado de México. Comisarios de seguridad pública municipal, quienes fueron designados en enero pasado, habrían sostenido una reunión con un grupo criminal dedicado al narcotráfico con el propósito de llegar a pactos secretos. Las autoridades de inteligencia han reconocido que existe una investigación abierta para esclarecer el grado de infiltración de grupos delincuenciales en policías locales. Los directores municipales ya fueron destituidos. Es un enigma hasta ahora, cuántos fueron y en qué municipios ocurrió tal circunstancia.
Es una acusación gravísima desde la opinión pública; y un reconocimiento público preocupante desde el ámbito institucional. De confirmarse un encuentro entre comisarios con una agrupación criminal deben apuntarse diversas consecuencias: evitar que el conflicto tenga un tinte político; eficientar los exámenes de control y confianza que tanto tiempo y dinero cuestan; un pronunciamiento de los alcaldes para conocer cómo han actuado en sus municipios; y una acción contundente de la fiscalía general de justicia.
Las policías municipales son las más vulnerables por circunstancias estructurales y financieras, por lo mismo debe incluso repensarse su futuro inmediato, frente a la evidencia de su colaboración con el crimen. Su desaparición de ser necesaria. No es una situación que se pueda atribuir exclusivamente a los alcaldes en funciones, pero tampoco pueden excusarse, echando la culpa al pasado. Aquí los involucrados, según lo dicho por las autoridades estatales, fueron directores de seguridad pública designados en enero pasado.
Basta revisar el número de comisarios que han sido reemplazados en los últimos diez meses, para entender la problemática que afrontan las policías locales. Hasta ahora, muy pocos ayuntamientos han tenido firmeza para esclarecer los motivos de la renuncia o la remoción de sus titulares. Lo cierto es que, frente a la sospecha, ahora se vuelve imprescindible que cada municipio aclare el perfil profesional, la aprobación del examen de control de confianza y la trayectoria de cada comisario.
Un dato sustancial: los crímenes en contra de autoridades locales, que en el presente trienio acumulan el asesinato de un presidente municipal; un síndico y una regidora. Es la fecha en que la Fiscalía de Justicia no ha podido dar un balance de las indagatorias, ni del avance por esclarecer esos homicidios. Ni tampoco se ha dicho mucho por quien es responsable de la gobernabilidad del Estado de México.
Mientras tanto, Delfina Gómez puede reunirse todos los lunes, o bien ausentarse de la encomienda presidencial; además, la secretaria de Seguridad puede seguir dedicada a los consejos de seguridad municipal que sirven para la fotografía con decenas de alcaldes; y el fiscal de justicia a la condescendencia institucional que le garantice su cargo hasta el 2023. Abajo, las policías municipales los rebasan en tiempo, forma y circunstancia.
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