Redacción
Toluca, Edomex; 27 de septiembre de 2019.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México reiteró su llamado a la LX legislatura mexiquense a aprobar la iniciativa de ley relacionada con la despenalización del aborto en la entidad, conforme a los principios de igualdad, libertad, seguridad y dignidad de las mujeres.
En el marco de la conmemoración del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, celebrado cada 28 de septiembre, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Jorge Olvera García celebró que las nuevas generaciones de mujeres se expresen y tomen posiciones respecto a su derecho a decidir sobre su cuerpo y a la justicia.
En tanto, la Codhem emitió un pronunciamiento a favor de una discusión de fondo de forma plural, laica, basada en criterios científicos, de justicia e igualdad, para definir la aprobación; en defensa del derecho a la salud, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres mexiquenses, pero sobre todo el derecho a la vida de aquellas mujeres y niñas que acuden en la clandestinidad a interrumpir el embarazo y luego mueren.
El ombudsperson Jorge Olvera García calificó como positiva la despenalización de la interrupción del embarazo en Oaxaca, convertida ya en la segunda entidad mexicana que aprueba el aborto dentro de las 12 semanas de gestación.
Refirió que en Oaxaca la Secretaría de Salud reveló que se practicaron dos mil 300 abortos clandestinos al año, pero podrían triplicarse con la llamada “cifra negra”; por tanto, con la despenalización Oaxaca se pone a la vanguardia no solo en legislación, sino en solidaridad y apoyo con las oaxaqueñas.
Desde hace 12 años, sólo la Ciudad de México ofrecía esa posibilidad; en contraparte, actualmente en diez congresos estatales del país el tema no está en agenda y, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta agosto de 2018, las fiscalías locales tenían abiertas 427 carpetas de investigación por el delito de aborto, lo cual habla de la persistencia de la criminalización de la mujer.
El Estado de México es la segunda entidad de origen de las mujeres que acuden a los servicios de interrupción legal del embarazo (ILE) en la Ciudad de México, pues de las 205 mil 580 pacientes atendidas de abril de 2007 a diciembre de 2018, 53 mil 992 usuarias eran mexiquenses, más de la cuarta parte.
Expuso que si bien en el Código Penal del Estado de México se establecen cuatro supuestos: resultado de una acción culposa, de una violación, peligro de muerte de la mujer o si el producto sufre alteraciones genéticas o congénitas, “sigue faltando considerar la libertad de la mujer, su derecho a decidir o a elegir la maternidad o no.”
Por ello, insistió: “estamos a favor de una ley en la que no se criminalice a la mujer, porque la interrupción legal del embarazo vendrá a solucionar no un problema de ellas, sino de salud pública; las consecuencias de legislaciones atrasadas en este tema redundan en costos que afectan a los sistemas de salud, inciden en el incremento de la mortalidad materna y se profundiza la brecha de desigualdad”.
Olvera García aclaró que es urgente la aprobación de la iniciativa, respaldada por organizaciones de la sociedad civil, por mujeres que sufren el rechazo social y que fueron a la cárcel por el simple hecho de decidir sobre su cuerpo.
