Redacción

Ciudad de México, 1 de septiembre de 2019.- El Estado de México ha sido el núcleo de decisiones políticas, económicas y sociales del primer año del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador. A pesar de que la clase gobernante mexiquense, identificada como Grupo Atlacomulco, ha sido defenestrada en los últimos nueve meses, la entidad no ha perdido protagonismo para una nueva figura presidencial que concentra aquí diversos esfuerzos institucionales dentro del ejercicio del poder público.

La decisión más cuestionada del actual gobierno federal tuvo y mantiene repercusiones en la entidad. En octubre del año pasado, en la víspera de su ascenso al poder, el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador decidió cancelar el proyecto del Aeropuerto Internacional de Texcoco, un plan de infraestructura que había sido impulsado por las élites políticas priístas de los últimos cuatro lustros, desde la gubernatura del repudiado Arturo Montiel.

En paralelo, López Obrador anunció la implementación de un plan aeroportuario que incluiría la modernización del Aeropuerto Internacional de Toluca, cuya infraestructura se encuentra subutilizada por la escasa oferta de vuelos comerciales.

Además, y más importante aún, Andrés Manuel lanzó un proyecto alterno denominado Aeropuerto Felipe Ángeles, el cual se pretende erigir en la actual base militar de Santa Lucía, localizada en los municipios mexiquenses de Tecámac y Zumpango, por lo que la inversión pública, los empleos y la infraestructura de conectividad se quedaría en el Estado de México.

Actualmente, una serie de procesos legales detiene la cancelación definitiva de Texcoco, e impide el arranque de las obras de construcción de Santa Lucía. Sin embargo, el primer mandatario confía en que el nuevo aeropuerto pueda concluirse hacia la mitad de su sexenio en una solución de largo plazo.

Apenas habían transcurrido cuarenta días de su gobierno, cuando López Obrador debió enfrentar el mayor desafío de descontento social, derivado del desabasto de combustibles en la zona centro del país, lo cual afectó al Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Guanajuato y parte de la Ciudad de México. El argumento oficial se vinculó al cierre de ductos donde se transportan los hidrocarburos desde Veracruz hacia la zona centro y occidente del país.

Andrés Manuel ofreció soluciones que colapsaron el suministro de combustible durante tres semanas a dichas entidades. En paralelo, el primer mandatario expuso que la toma de decisiones se acentuaba en las zonas de mayor robo de combustible, particularmente municipios mexiquenses donde se concentraban las tomas clandestinas: Acambay, Ixtlahuaca, Toluca, entre otros.

Acompañado por el gobernador Alfredo Del Mazo Maza, comenzó el lanzamiento de sus programas asistenciales, que otorgarían apoyos monetarios en las regiones donde el robo de combustible ya era parte de la economía local.

A pesar de la versión oficial para atribuir el desabasto al robo de combustible, otras fuentes extraoficiales achacaron la crisis de los hidrocarburos a la cancelación de contratos para la importación de gasolinas por parte del actual gobierno, respecto a los tratos comerciales sostenidos por el anterior sexenio.

En adelante, López Obrador ha concentrado sus visitas al Estado de México en dos aspectos fundamentales: la instrumentación de los programas de bienestar y la estrategia de seguridad implementada a partir de la Guardia Nacional.

En las giras del primer mandatario por territorio mexiquense, se distingue su recorrido por toda la geografía estatal. Desde el norte: en Acambay e Ixtlahuaca; hasta el sur: en Amanalco, Valle de Bravo y Tejupilco; la zona oriente: Nezahualcóyotl, Ecatepec y Valle de Chalco; y la zona poniente: Naucalpan y Tlalnepantla.

Allí, Andrés Manuel se ha encargado de lanzar programas como Jóvenes Construyendo el Futuro; ha anunciado acciones de combate al robo de combustible; ha comprometido la creación de universidades públicas; ha supervisado la condición de hospitales públicos; y recientemente, ha encabezado una conferencia mañanera, tras sostener una reunión en materia de seguridad.

De acuerdo a la Secretaría de Bienestar, en el Estado de México la instrumentación de programas asistenciales avanza de forma intermitente. Los apoyos a adultos mayores han logrado atender a un 90 por ciento de los beneficiarios.

De los más de 930 mil becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro, se establece que 90 mil muchachos radican en el Estado de México; de los cuales, alrededor del 70 por ciento se vinculan con el sector privado; el 25 por ciento con el sector público; y el restante 5 por ciento con organismos civiles o sociales.

En territorio mexiquense se tiene contemplada la instalación de 279 centros de bienestar social que permitan acercar la gestión de los programas asistenciales, y alcanzar la totalidad de su ejecución tales como apoyo para estudiantes y el campo.

En lo político, en este primer año de gobierno, resalta la relación institucional entre Andrés Manuel López Obrador y Alfredo Del Mazo, quienes han encabezado de forma recurrente actos públicos. El tabasqueño ha reprendido a sus seguidores para evitar abucheos y rechiflas hacia el mexiquense, en cada ocasión que comparten el escenario de sus giras de trabajo.

En tanto, hace algunos meses, la presencia de José Ramón López Beltrán -primogénito de Andrés Manuel- en el Estado de México para reunirse con alcaldes y diputados locales, causó controversia entre la oposición política para esclarecer la intervención del hijo del primer mandatario, quien sin cargo público hacía gestiones y revisaba tareas relacionadas con el poder político.

De inmediato, López Obrador debió corregir la plana a sus correligionarios, a quienes instruyó evitar reunirse con sus familiares y amigos, como parte del cambio de régimen que pretende socavar conflictos de interés e influyentismo.

A pesar de la renuencia de Andrés Manuel con el sexenio anterior, en el Estado de México el primer mandatario ha comprometido concluir proyectos de infraestructura iniciados aquí durante el peñismo.

En primer lugar, la construcción del Tren México – Toluca que pudiera estar finalizada para el año 2022, donde el gobierno federal ha acusado un sobreprecio que ha triplicado el precio original y por lo tanto, ha dificultado la asignación de presupuesto y en consecuencia, el avance en la edificación del mismo.

Además, de la edificación de la autopista Atlacomulco – Atizapán de Zaragoza, la cual fue concesionada a OHL México, que ahora se ha convertido en Aléatica y se ha desvinculado de la constructora española.

El Estado de México concentrará los esfuerzos de un gobierno que ha fincado aquí su principal lucha ideológica, en contra de lo que califica la clase gobernante más corrupta, pero también ha construido aquí sus relaciones políticas más sólidas para la gobernabilidad de su mandato.