Redacción

Ciudad de México; 1 de julio de 2019.- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, advirtió que a cinco años de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por efectivos del Ejército Mexicano en agravio de civiles en Tlatlaya, ubicado al sur Estado de México, en un caso donde prevalece el encubrimiento y la impunidad, debe traducirse como un “mensaje negativo” sobre la intervención militar en la seguridad pública, en el momento en que ha entrado en operación la Guardia Nacional.

Ayer domingo, se cumplieron cinco años de la masacre de Tlatlaya, en la que al menos 12 personas fueron privadas arbitrariamente de la vida por fuerzas castrenses en el contexto de la militarización de la seguridad pública.

“Lamentablemente, a la fecha no hay ningún responsable rindiendo cuentas ante la justicia”, detalló el organismo defensor de derechos humanos.

En el mismo día en que fue puesta en marcha la Guardia Nacional, integrada por efectivos militares y de la marina armada de México, el Centro Prodh lanzó una advertencia: “Si los hechos no son esclarecidos y los responsables a todos los niveles sancionados, se estará entendiendo que la privación de la vida en el contexto de la intervención militar en la seguridad pública no tiene consecuencias, lo que sin duda puede repercutir en nuevas y graves violaciones a derechos humanos”, aseveró.

La matanza de Tlatlaya se registró el 30 de junio de 2014, cuando 22 personas fueron asesinadas en una bodega de San Pedro Limón.

A pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señaló que fue resultado de un enfrentamiento entre un grupo de la delincuencia y elementos militares; posteriores investigaciones periodísticas, el testimonio de la sobreviviente Clara Gómez González y la Recomendación 51/2014 de la CNDH revelaron que un número hasta ahora indeterminado de estas muertes –entre 12 y 15- fue resultado de ejecuciones cometidas cuando los civiles ya se habían rendido y que existió alteración de la escena del crimen para encubrir a los responsables.

En paralelo, también existió tortura a las sobrevivientes para que no revelaran lo que verdaderamente sucedió.

El Centro Prodh logró acreditar, además, que días antes de los hechos la unidad castrense implicada en las ejecuciones había recibido de sus mandos una orden que literalmente instruía “abatir civiles en horas de oscuridad”.

Aun cuando la Sedena inició una averiguación previa por los hechos, en marzo de 2016 el Juzgado Sexto Militar dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete militares acusados; el séptimo fue condenado solamente a 1 año de prisión por el delito de desobediencia.

Por su parte, la PGR inició y consignó una indagatoria en la que acusó a siete militares por el homicidio de 8 civiles y por encubrimiento, pero debido a que no ofreció pruebas contundentes para señalar la identidad individual de los soldados responsables, estos fueron liberados con las reservas de ley por el Poder Judicial de la Federación en mayo de 2016, a pesar de considerarse probado que existieron ejecuciones arbitrarias.

El 31 de julio de 2017, el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México ordenó a la PGR realizar con debida diligencia la investigación de los hechos, agotando la cadena de mando e investigando la orden castrense que instruía a abatir delincuentes.

A pesar de esta sentencia y a pesar de los pronunciamientos a favor de la justicia en el caso por parte de organismos internacionales, a la fecha no hay un avance que se dirija al esclarecimiento de la verdad ni existe resolución alguna que sancione por homicidio a los funcionarios militares implicados en el caso.