El anuncio sobre el regreso de Carmen Aristegui a través de un noticiero radiofónico en Grupo Radio Centro, marcó el espectro informativo de la semana pasada, en una encomienda que parece restituir el ejercicio de la libertad de expresión, que había sido lacerado en su salida tras la revelación del escándalo de la Casa Blanca, y que estigmatizó al sexenio peñista en un halo de corrupción.
En los últimos dos sexenios, el periodismo de Aristegui ha concebido un espacio informativo -ya sea en radio o plataformas digitales-, de amplias libertades y de aportes de investigación, que han logrado revelar el conflicto de interés, la corrupción rampante o las omisiones del poder público. Con su quehacer informativo ha marcado una agenda mediática, y se ha convertido en un ícono de la libertad de expresión para un país de tantas sombras y restricciones.
Sin embargo, la memoria colectiva tan necesaria para el rigor periodístico, no puede olvidar los antecedentes de censura que ejerció Radio Centro hace poco más de una década, y que derivaron en la salida del aire de Monitor, un noticiero que tenía los mayores índices de audiencia en la capital del país, y cuya línea editorial generaba discordancias con los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.
En marzo de 2004, Grupo Radio Centro determinó rescindir un contrato de servicios con Infored de José Gutiérrez Vivó, cuyo fallo judicial obligaba a Francisco Aguirre a pagar poco más de 21 millones de dólares por daños ocurridos entre diciembre de 1998 y mayo de 2002. La salida del aire se dio sin cortapisas y sin avisos previos. La voz de Vivó fue silenciada y reemplazada en su momento por Zabludowsky. Del pago por daños hubo renuencia, resistencia y un largo trayecto judicial para desobedecer a una corte internacional.
En argucias legales, el consorcio radiofónico -que hoy pretende encumbrarse como el centro de las libertades con el retorno de Aristegui- y la clase gobernante -encumbrada en los sexenios panistas-, encontraron las rutas de la censura a un espacio noticioso que les resultaba incómodo. En esencia, se trató de una acción deliberada que ejercieron los Aguirre con la connivencia del gobierno central, y que confirmó las limitantes que tiene el ejercicio periodístico supeditado a los concesionarios de la radio.
La salida de Vivó fue tan semejante como la alusión al código de ética que ejecutó MVS Radio para sacar a Aristegui de su espacio radial hace poco más de tres años, bajo la sospecha de censura desde el gobierno peñista. Carmen, que ya había sido suspendida de MVS en 2011, cuando había hecho alusión a los presuntos problemas de alcoholismo del entonces presidente, Felipe Calderón.
Pese al triunfo para las audiencias que podría implicar la restauración de Aristegui en la radio a partir del próximo 17 de octubre, es imprescindible entender que los medios de comunicación electrónicos están sujetos a una correlación de fuerzas y de diversas complicidades.
Desde la concentración del poder político se han fomentado los monopolios mediáticos y su consolidación, ya sea a través del reparto de concesiones o de recursos públicos, en ambos casos de forma discrecional, los cuales representan la utilización del poder del Estado en función de sus líneas informativas, que en su conjunto dan lugar a la autocensura o al silenciamiento de ofertas periodísticas independientes.
Ahí está el riesgo latente para el periodismo que pretende ejercer Aristegui, frente a un consorcio radiofónico que en el pasado reciente mostró su rostro de censura, y que es momento de rememorar, para evitar que esa historia se repita cuando Carmen se vuelva incómoda al sistema.
Más preocupante sería confirmar que Radio Centro abrió las puertas de la libertad a Aristegui para congraciarse con el próximo poder central que simboliza Andrés Manuel López Obrador, quien en semanas pasadas había mostrado su interés por regresar a la oferta radiofónica a Vivó y Aristegui. Esa definitivamente sería una señal de retroceso, y no precisamente de transformación. Mucho menos de libertad.
