Israel Dávila

Toluca, Edomex 26 de abril del 2018.- El pleno del Congreso mexiquense aprobó este jueves la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP) por la cual los gobiernos estatal, municipales y los órganos autónomos podrán convenir con la iniciativa privada, el desarrollo de infraestructura y la prestación de servicios públicos.

Con esta ley, los particulares podrán construir hospitales, escuelas, edificios públicos para la impartición de justicia e incluso proyectos de movilidad y de redes de agua potable que también podrán operar de forma privada.

La APP es un mecanismo similar al denominado Proyecto de Prestación de Servicios, que ya se usó hace una década en el Estado de México para edificar hospitales, vialidades y centros de cultura con recursos privados, obras por las cuales el gobierno paga una contraprestación al particular que las ejecutó, durante 20 años.

De acuerdo con la iniciativa turnada por el gobernador y avalada por todos los grupos parlamentarios, los proyectos se podrán adjudicar mediante licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa. Cada proyecto, sea estatal, municipal o de un organismo autónomo deberá contar con el aval de la Secretaría de Finanzas.

De acuerdo con la exposición de motivos, con el mecanismo de Asociación Público Privada, el gobierno podrá encargar a un particular la construcción de infraestructura de salud y educación, por la cual pagará una renta. Los servicios los prestará únicamente el estado. También se podrá pedir a la iniciativa privada desarrolle proyectos de generación de energía eléctrica para alumbrado público, y proyectos de movilidad.

Se contemplan además que la iniciativa privada pueda construir y operar redes de agua potable y saneamiento y encargarse de la introducción de sistemas de seguridad, como videocámaras. En suma, podrá introducir tecnología e innovación para mejorar los servicios públicos.

Todos los proyectos deberán ser a largo plazo y el particular deberá encargarse totalmente de la inversión y financiamiento del mismo, y una vez realizado, el estado pagará una contraprestación anual a lo largo de los años que se fijen en los contratos, que pueden ir desde 5 a 20 años.

Cada uno de los proyectos deberá contar con la aprobación de las dos terceras partes del Congreso local y se deberá entregar informes trimestrales a los diputados sobre el avance de cada uno de ellos.