El fin de semana pasado, un par de parejas del mismo sexo pudieron casarse por lo civil, tras una lucha de años para exigir un derecho legal que debió resolverse hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que hasta ahora pudo reconocer ante el Registro Civil de la entidad, pero que sigue siendo un tema excluyente y sin regulación legal, para las parejas que en la misma condición exijan de un matrimonio civil en el Estado de México.
Hasta ahora, la Legislatura del Estado de México ha sido omisa y ha hecho uso de estrategias dilatorias para evitar el debate del matrimonio entre personas del mismo sexo, a pesar de que es una exigencia del máximo tribunal del país para reconocer este derecho jurídico dentro del Código Civil mexiquense.
Hace casi un año, los legisladores mexiquenses habían aceptado la discusión deliberativa del tema, y cuando se disponían a aprobar la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, pudo más la presión de la Iglesia Católica para desistirse de un asunto que es irreversible e irrenunciable. Desde las altas esferas de la élite eclesiástica se buscó que la élite política no cediera a un derecho humano de sociedades progresistas, para prevalecer en el marco legal un precepto dogmático que discrimina a ciertos sectores sociales.
En paralelo, los legisladores mexiquenses -sin distingo partidista-, incluidos aquellos que asumen de una ideología progresista, decidieron no aprobar los matrimonios entre personas del mismo sexo como una estrategia electoral y evitar el costo político de su decisión en la víspera por la elección de la gubernatura del Estado de México. Sin importar los derechos de las minorías pesaron más algunos prejuicios mayoritarios para evitar hasta ahora la discusión y aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo.
En la víspera electoral del año entrante, hay claridad de que los actuales diputados locales están más ocupado por administrar su capital político en la búsqueda de un nuevo cargo de elección popular. Por tanto, se advierte que en la más próxima discusión legislativa no está la deliberación de reconocer derechos civiles inaplazables a quienes tienen una orientación sexual distinta.
No obstante, en la oferta electoral del próximo año, cuando los mexiquenses tengan oportunidad de renovar a la legislatura mexiquense, no se advierten escenarios favorables para las minorías. Hasta ahora, los escenarios aliancistas entre PAN y PRD; o bien, Morena con Encuentro Social, suponen una contraposición ideológica que privilegiará la suma de votos antes que entrar a una discusión que ponga en riesgo sus intereses electorales.
Mientras que en el PRI, con todo y su actual mayoría legislativa, se anticipa que se mantendrá en una posición de conveniencia política, más aún ante un horizonte electoral en que podría perder la hegemonía en la Legislatura del Estado de México; por lo que evitará todo tipo de riesgos en su oferta política.
Lo cierto es que las acciones u omisiones legislativas representan una política de exclusión e intolerancia que vulnera los derechos humanos elementales de una minoría por el simple hecho de su orientación sexual. Sin embargo, la clase gobernante sin distingo, ha optado por mantener su posición de privilegio, sin poner en riesgo sus preferencias electorales o su relación con la élite eclesiástica pare evitar costos electorales en la víspera de la contienda presidencial.
