La integración del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción dejó al descubierto que se ejerció un reparto de cuotas partidistas, y sólo legitimará un tema que se ha significado de amplia coyuntura política entre la opinión pública: el combate a la corrupción y la impunidad.
Hoy, la corrupción parece inundar todos los espacios de la administración pública, y el principal lastre del gobierno peñista -y replicado a una decena de gobiernos locales particularmente priístas- en donde se ha concentrado las mayores críticas por su permisividad, su omisión y su negligencia.
La corrupción se vincula con los desfalcos a las finanzas públicas, el enriquecimiento insultante de la clase gobernante y la complicidad de la clase empresarial para mantener entre ambos un estatus de privilegios y de consolidar sus propios intereses, ya sea desde el poder público o desde los negocios.
A pesar de los esfuerzos por evitar que se impusieran los intereses políticos y se alentara la participación ciudadana, el nuevo sistema anticorrupción sólo anticipa una estructura burocrática de amplios beneficios y privilegios para mantener la estabilidad del régimen político. Es la misma clase gobernante ávida de recuperar la confianza y credibilidad social, la que se ha dado a la tarea de diseñar las leyes, los organismos y los personajes que se encargarán de vigilar, evaluar y en su caso, sancionar conductas inmorales, irregulares e ilegales.
De esa forma, la clase gobernante nos ha tratado de con-vencer sobre la “ciudadanización” del sistema anticorrupción, pero dentro del consejo ciudadano han sido excluidos los perfiles académicos y ciudadanos, para privilegiar la integración de la élite política y empresarial, sin que se hayan considerado investigadores, profesionales o expertos en la transparencia, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas.
Así, tan parecido como los políticos que brincan entre una y otra secretaría, para más tarde convertirse en legisladores o alcaldes, se puede ejemplificar a quienes integrarán el comité ciudadano contra la corrupción. Quienes ayer fueron rectores de universidades públicas, consejeros electorales, directores de instituciones de evaluación educativa; o meramente líderes de cámaras empresariales, hoy se erigen como especialistas contra la corrupción.
De entrada, la conformación del sistema anticorrupción es escasamente conocida por la población en general, sin embargo, es cierto que su integración nace cercenando consideraciones prioritarias como la autonomía, la libertad y la selección apartada de intereses de la élite política y empresarial, que abriera espacios a ciudadanos, académicos, expertos y profesionales de la materia.
Los resultados, por quienes ya forman parte del comité ciudadano, se pueden anticipar: una serie de componendas entre quienes integrarán el sistema anticorrupción, que incluya algunas sanciones menores para quienes resultan incómodos o indisciplinados al régimen, y con ello legitimar la ejecución de la nueva ley, el organismo y sus propios funcionarios.
Hacia el resto, las acciones que permitan mantener los intereses y privilegios del sistema al que pertenecen, y que les ha posibilitado ascender y mantenerse en el ejercicio del poder público.
Esa es la realidad del régimen político, que se ha logrado adecuar a las demandas sociales, para institucionalizar la democracia, la transparencia, los derechos humanos y ahora el combate a la corrupción, para que al final, todo se mantenga igual.
