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Redacción

Toluca, Edomex, 28 de junio del 2017.-  La Diputación Permanente de la 59  Legislatura del estado de México analizará una iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo estatal donde se plantea sancionar hasta con prisión al policía o efectivo de seguridad que pierda su arma de cargo y esta sea usada para cometer un ilícito.

La iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad del Estado de México plantea incluir la figura del “robo por negligencia”,  que se configura cuando los integrantes de las instituciones de seguridad pública descuiden los equipos y armas de fuego que les asignan para el ejercicio de sus funciones y las pierdan.

Se propone que las penas por esta falta alcancen los cuatro años de prisión y 400 días multa en caso de armas cortas, y de hasta seis años de prisión y 500 días multa cuando se trate de armas largas.

De aprobarse, el “robo por negligencia”, así como el ocultamiento o la desaparición del equipo, se sumarían a conductas que ameritan esta pena como el extravío, daño, alteración, sustracción o entrega a un tercero, fuera de los casos de revisión o de los previstos en las normas aplicables.

Adicionalmente, los responsables deberán pagar la reparación del daño en favor de la institución de seguridad pública que haya otorgado las asignaciones o resguardos correspondientes.

La iniciativa fue remitida a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública y Tránsito para su estudio.

PROMOVER LA DENUNCIA DE ACTOS ILÍCITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS

En otro punto, se planteó reformas al Código Penal  para promover la denuncia de actos ilícitos cometidos por servidores públicos. La propuesta busca que el particular que denuncie la entrega de dinero o cualquier otra dádiva a un servidor público, dentro de los 10 días hábiles siguientes, no será sancionado cuando sea el servidor público el que haya solicitado o incite dicha entrega.

En cuanto a los delitos cometidos por los servidores de procuración y administración de justicia, también se adicionan recibir recursos notoriamente improcedentes, conceder términos o prórrogas indebidas; sacar, en los casos en que la ley no lo autorice expresamente, los expedientes de la oficina y tratar fuera de ella los asuntos que tramiten, además de no procurar o administrar justicia con perspectiva de género, además de dar por probado un hecho que legalmente no lo esté en los registros o tener como no probado uno que, conforme a la ley, deba reputarse debidamente justificado.

La iniciativa de reforma al Código Penal y la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambas del Estado de México, se remitió a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción y de Procuración y Administración de Justicia para su estudio.

PROPONEN GARANTIZAR ACCESO DE LOS MIGRANTES AL SISTEMA EDUCATIVO

También presentada por el titular del Ejecutivo estatal, se turnó a las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Apoyo y Atención al Migrante la iniciativa para garantizar el acceso, tránsito y permanencia de los migrantes en el sistema educativo estatal, sin condicionar su inscripción por falta de documentos de identidad o académicos.

La propuesta de reforma a la Ley de Educación del Estado de México busca simplificar los actos y procedimientos relativos a la revalidación y equivalencia de estudios beneficiando a las niñas, niños y jóvenes que deseen incorporarse a las instituciones educativas de la entidad.

La iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad del Estado de México fue leída por el diputado Rafael Osornio Sánchez (PRI); la propuesta de reforma al Código Penal y a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México fue presentada por la diputada Karina Bastida Guadarrama (PRI), mientras que la iniciativa que reforma la Ley de Educación de la entidad fue leída por el diputado Inocencio Chávez Reséndiz (Nueva Alianza

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